En un giro inesperado, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, decidió retirar este lunes su solicitud para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) cumpla en un penal los seis años de condena por la Causa Vialidad. Villar, quien había sido crítico en otras instancias del proceso judicial, ahora sugiere la continuidad de la prisión domiciliaria, aunque sugirió evaluar un cambio de domicilio.
El escrito presentado por Villar llegó poco antes de la audiencia ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes deben decidir sobre el régimen de cumplimiento de la condena. En su presentación, el fiscal argumentó que "en el momento actual, la condenada ya se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria sin que hasta el momento se haya verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas".
Esta postura contrasta con la posición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado que la expresidenta sea trasladada a un establecimiento penitenciario. Villar, sin embargo, afirmó que "por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual".
El fiscal también destacó que trasladarla a un penal podría ser contraproducente: "La sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida".
No obstante, Villar coincidió con Luciani y Mola respecto a que el domicilio actual —San José 1111— genera conflictos en el entorno: "La permanencia de la condenada en el domicilio indicado ha significado una alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos y supone, a su vez, una exposición a riesgos para su persona", señaló. En esa línea, propuso "disponer el cumplimiento de la condena en un domicilio distinto que limite o elimine tales perjuicios".
Otro punto clave del escrito fue la insistencia del fiscal en mantener la tobillera electrónica como mecanismo de control: "Ningún juez de la República Argentina se encuentra autorizado normativamente a dispensar de la colocación del dispositivo electrónico de control salvo que se cuente previamente con los informes al que el legislador sometió tal dispensa", subrayó Villar, cuestionando abiertamente las decisiones previas sobre este aspecto.
La audiencia ante la Cámara de Casación también incluirá los planteos de los abogados defensores de Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi y Ary LLernovoy, quienes buscarán eliminar tanto el requisito de la tobillera electrónica como las restricciones impuestas para recibir visitas. Actualmente, la expresidenta debe solicitar autorización al Tribunal Oral Federal N°2 para encuentros con personas fuera del listado aprobado, que incluye familiares, médicos y personal de custodia.
Los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña tendrán un plazo de cinco días hábiles para resolver sobre los planteos presentados. La decisión está al caer para saber cómo seguirá cumpliendo la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner; con la decisión de Mario Villar, todo podría volverse menos virulento para la ex presidenta.