La sorpresiva salida de Marco Lavagna del INDEC encontró en la pantalla de LN+ algo más que análisis periodístico: encontró una defensa cerrada del Gobierno, envuelta en una narrativa de intrigas políticas, fuentes invisibles y sospechas sin pruebas. En su editorial, Cristina Pérez -actual pareja del ex ministro de Defensa Luis Alfonso Petri- buscó correr el foco de una decisión concreta, la de frenar la actualización del Índice de Precios al Consumidor, y lo reemplazó por un relato en el que el problema no sería la intervención política del organismo estadístico, sino una presunta maniobra del funcionario saliente para "perjudicar la medición". "Hoy llegué a una fuente inobjetable, hace un ratito, que cambió totalmente mi percepción de este conflicto", anunció la conductora al comienzo de su descargo.
Antes de desplegar una versión que, según ella, explicaría la verdadera trama detrás de la renuncia, remarcó que esa fuente, "de lo más alto del poder", le habría asegurado que "el índice que hizo Marco Lavagna nunca se va a aplicar" y que el propio funcionario sabía desde noviembre que eso iba a ocurrir. A partir de ahí, la editorial avanzó en afirmaciones categóricas, siempre atribuidas a esa voz anónima. Según Pérez, Javier Milei considera que el índice está "mal hecho", no solo por una cuestión técnica sino por una supuesta intencionalidad política. "Lo que hoy estaría pensando el propio presidente es que Lavagna armó un índice para perjudicar la medición", sostuvo.
Además, fue más allá: esa conducta respondería a que el ex titular del INDEC "está jugando políticamente para quien es su jefe político, Sergio Massa". La explicación técnica que presentó la periodista repite, casi sin fisuras, el argumento del Ejecutivo: como las tarifas todavía están "pisadas" y mantienen subsidios, el mayor peso de los servicios en la nueva canasta distorsionaría la medición. "Al estar pisadas las tarifas, el ponderador de los servicios (...) estaría basándose en precios distorsionados", explicó Pérez, aun reconociendo que "en diciembre y enero el índice que había armado Lavagna daba hasta menos".
Lo cierto es que si el nuevo índice daba una inflación más baja en esos meses, ¿por qué no aplicarlo? La respuesta de la editorial no fue estadística sino política. "Lo que cree es que hay una intencionalidad política y que detrás de esto está Massa. Y ahí la cosa se agrava", afirmó, reconstruyendo supuestos enojos presidenciales, puentes rotos y viejas rivalidades de campaña. En ningún tramo de la editorial se problematizó el dato central del conflicto: que el Gobierno decidió seguir midiendo la inflación con una canasta de consumo basada en la ENGHo 2004/05, completamente desactualizada, pese a contar con una encuesta mucho más reciente, la de 2017/18.
Claro está, pese a haber anunciado oficialmente que el cambio se implementaría en enero de 2026. Tampoco se mencionó que los estándares internacionales recomiendan actualizar estos ponderadores cada cinco años, ni que el retraso beneficia sistemáticamente al relato oficial al licuar el peso de tarifas, alquileres y servicios. Por el contrario, Pérez terminó naturalizando la continuidad del índice viejo como la "única solución" posible. "La única solución es respetar la coherencia estadística, es decir, continuar con el índice actual hasta que se termine la distorsión", dijo, citando otra vez a su fuente.
Y remató: el índice de Lavagna "no se va a hacer" y "se va a hacer otro índice", en un futuro indeterminado que coincide, casualmente, con el objetivo político de mostrar inflación cero. Mientras tanto, datos externos desmienten la supuesta neutralidad de la decisión. Según estimaciones de la consultora PxQ, si el IPC de enero se hubiera calculado con la nueva estructura de consumo, la inflación habría sido del 3%, por encima del 2,5% que el ministro Luis Caputo anticipó públicamente. En 2024, con la metodología actualizada, la inflación anual habría alcanzado el 132,2%, frente al 117,8% informado oficialmente. Más inflación medida, menos épica libertaria disponible.
También cambia la foto del salario: al deflactar con el IPC actualizado, la caída del poder adquisitivo desde noviembre de 2023 es del 5,5%, no del 1,2% que surge del índice vigente. Pero ese dato incómodo no apareció en la editorial. En lugar de cuestionar por qué un gobierno que dice defender la transparencia decide congelar una actualización largamente postergada, la periodista eligió amplificar una versión oficial sin firmas, sin documentos y sin contraste. La apelación reiterada a una "fuente inobjetable" terminó funcionando como un salvoconducto narrativo para justificar que el INDEC siga midiendo una inflación cada vez más lejana de la experiencia de los hogares.