El ajuste no se detiene ni frente a la tragedia. El presidente Javier Milei decidió vetar de forma total la ley de emergencia para Bahía Blanca, aprobada por ambas cámaras del Congreso, que habilitaba un fondo especial de $200.000 millones para atender los graves daños provocados por el temporal de marzo pasado. A través del Decreto 424/2025, y con la firma de Guillermo Francos y Patricia Bullrich, el Gobierno nacional volvió a anteponer la "racionalidad fiscal" por sobre la urgencia humanitaria.
La norma, que incluía además asistencia para la localidad de Coronel Rosales, contemplaba subsidios para quienes perdieron su fuente de ingreso, obras de infraestructura y líneas de crédito a tasas preferenciales. Pero la Casa Rosada consideró que su implementación era "de imposible cumplimiento" y que ya se había intervenido a través de otros mecanismos. Entre los argumentos que esgrimió el Poder Ejecutivo se encuentra una objeción técnica: Coronel Rosales no habría estado contemplado en los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, lo central de la objeción fue el aspecto presupuestario.
El Gobierno insistió en que la ley no especifica la fuente de financiamiento, algo que exige la Ley de Administración Financiera. Este mismo argumento ya fue utilizado para vetar el aumento jubilatorio y la ley de financiamiento universitario, lo que revela una política sistemática de rechazo a todo gasto social no alineado con los planes del Ejecutivo. El oficialismo aseguró que ya se habían destinado recursos mediante el Decreto 238/25 y que un préstamo del BID, junto con el accionar del Banco Nación, cubre las necesidades que la nueva ley pretendía atender.
Lo que no explicó el gobierno de Milei es por qué, si la asistencia ya está garantizada, resulta necesario vetar una ley que viene a complementar —y no duplicar— esos esfuerzos. La medida generó un fuerte rechazo entre sectores de la oposición, que señalaron la contradicción entre el discurso de "libertad" y "autonomía" que esgrime el presidente y su negativa a permitir que el Congreso legisle en función de las emergencias del pueblo. También apuntaron contra la frialdad con la que el Ejecutivo desestima la magnitud del desastre climático que afectó a miles de familias.
En marzo, Bahía Blanca sufrió uno de los peores eventos meteorológicos en décadas: en pocas horas cayeron 290 milímetros de lluvia, lo que provocó anegamientos masivos, pérdida de viviendas, cortes de energía, destrucción de infraestructura y un daño social que aún se siente. Ante esa realidad, el Congreso logró un consenso amplio para aprobar la ley de emergencia, algo poco común en el clima polarizado actual. Sin embargo, el veto presidencial volvió a desactivar ese intento de auxilio, con el argumento de que no es "razonable" asignar recursos sin una previsión presupuestaria específica.
Desde la Casa Rosada también se defendieron con tecnicismos: recordaron que el artículo 83 de la Constitución le permite al presidente vetar leyes y que se trata de una "práctica común" en los últimos 40 años. Lo que omiten es que, con este nuevo rechazo, Milei ya acumula más de media docena de vetos a leyes votadas por amplia mayoría, consolidando un patrón de autoritarismo fiscal bajo el pretexto de la emergencia económica.
La última palabra la tiene el Congreso. Si logra reunir dos tercios de los votos, podrá insistir con la ley y revertir el veto. Pero mientras tanto, las familias afectadas por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales seguirán esperando una ayuda concreta que el Gobierno libertario parece decidido a negar. En su cruzada por el déficit cero, Milei no duda en sacrificar derechos, suprimir apoyos y hasta dejar en soledad a quienes lo perdieron todo.