El Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a través del Decreto 441/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El ajuste, que será parcial durante julio, impactará en el precio final de la nafta y el gasoil, mientras que a partir del 1° de agosto comenzarán a aplicarse los incrementos postergados de todo el año 2024 y del primer trimestre de 2025.
De esta forma, el oficialismo avanza en la actualización de un impuesto clave que había sido congelado durante más de un año para contener la inflación, pero cuya postergación generó una deuda impositiva acumulada que ahora empezará a regularizarse de forma escalonada. Según el decreto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, la nafta sin plomo y la nafta virgen tendrán un incremento de $6,620 por litro en concepto de impuesto a los combustibles líquidos, más $0,405 por litro por el impuesto al dióxido de carbono.
En el caso del gasoil, se aplicará un incremento de $5,346 por litro, con un adicional de $2,895 en las zonas con tratamiento diferencial -como la Patagonia, el partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento de Malargüe en Mendoza- y $0,609 por litro por el impuesto ambiental. El ajuste parcial regirá desde el 1° hasta el 31 de julio. Luego, el 1° de agosto entrará en vigencia la totalidad de los aumentos pendientes, que corresponden a la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del segundo, tercer y cuarto trimestres de 2024, y del primer trimestre de 2025, según lo establece la normativa vigente.
La normativa recuerda que, conforme a la ley, los impuestos a los combustibles deben actualizarse cada enero, abril, julio y octubre, según el IPC que publica el INDEC. Sin embargo, desde fines de 2023 el Gobierno venía postergando estas actualizaciones, lo que derivó en un atraso acumulado significativo. El decreto afirma que la decisión de seguir aplicando los incrementos de forma diferida busca "amortiguar el impacto en los precios de los combustibles" y evitar un efecto directo e inmediato sobre los índices de inflación. No obstante, el incremento de este mes se da en un escenario ya recalentado.
Cabe destacar que hace una semana, las petroleras privadas Shell, Puma y Axion aplicaron un aumento del 5% alegando el alza internacional del petróleo por la guerra entre Israel e Irán, aunque no retrotrajeron los precios cuando el crudo Brent volvió a bajar. YPF, en tanto, no se sumó a ese ajuste. Aunque el Gobierno no fijó aún el porcentaje exacto que implicarán estos aumentos impositivos en los surtidores, se descuenta que las petroleras trasladarán al menos una parte del nuevo costo a los consumidores finales, especialmente teniendo en cuenta el arrastre de precios y la falta de regulación directa del mercado.
La actualización también se da en momentos en que YPF prueba un nuevo sistema de precios diferenciados por franjas horarias, ofreciendo descuentos de hasta el 5% para quienes carguen combustible de madrugada. Esta estrategia, basada en un modelo de "micropricing" con inteligencia artificial, busca optimizar la demanda en horarios de baja actividad, pero también anticipa una lógica de segmentación que podría profundizarse en el sector.
Si bien el Gobierno intenta dosificar el impacto de los aumentos para no recalentar la inflación, lo cierto es que los combustibles tienen un efecto multiplicador sobre la cadena productiva: transporte, logística, alimentos y bienes de consumo masivo. El incremento parcial de julio y la fuerte corrección prevista para agosto podrían empujar al alza los precios justo cuando el Gobierno busca consolidar una desaceleración inflacionaria tras los picos de fines de 2023.
Además, la medida puede generar tensiones en las regiones que cuentan con regímenes diferenciales, como la Patagonia o el sudoeste bonaerense, donde el impacto podría sentirse más agudo pese al tratamiento impositivo especial. En definitiva, el nuevo ajuste a los combustibles marca las dificultades del Gobierno para sostener simultáneamente el equilibrio fiscal, el programa antiinflacionario y la gobernabilidad política en un contexto de recesión y sensibilidad social creciente. Lo que sigue en discusión es cuánto más se podrá seguir ajustando sin un costo social y económico irreversible.