La situación del PAMI atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años, con una combinación de pagos demorados, conflictos con prestadores y un fuerte rechazo de médicos y jubilados a los cambios impulsados por el Gobierno nacional. En ese contexto, el ministro de Salud, Mario Lugones, buscó llevar tranquilidad al afirmar que los fondos comenzaron a llegar: "Hoy está pagando, la plata llegó", sostuvo mientras participaba del AmCham Summit.
Sin embargo, el intento oficial por mostrar normalización contrasta con un escenario marcado por tensiones acumuladas y reclamos que no cesan. El eje del conflicto es un retraso cercano a los $500.000 millones en pagos a prestadores, una cifra que llevó a clínicas, sanatorios y médicos a reunirse de urgencia con las autoridades de la obra social. Si bien el Ministerio de Economía giró $150.000 millones para destrabar parcialmente la situación, el monto está lejos de cubrir el total adeudado.
Desde el propio PAMI intentaron relativizar el problema: "Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría. Es dinero que en otras gestiones se acostumbró a pagar el primer día del mes y que acá, es cierto, demoramos varios días más en acreditar". Incluso admitieron que "no es menor" el retraso, pero lo definieron como un problema de financiamiento más que de ajuste.
Esa explicación convive con datos que muestran un deterioro más profundo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto en prestaciones del PAMI cayó un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año, en gran parte por la reducción de la asistencia del Tesoro. En marzo, directamente no hubo transferencias, algo que contrasta con los envíos registrados en el mismo mes del año anterior. El resultado es un sistema que funciona con márgenes cada vez más ajustados.
Pese a que la obra social se financia con aportes de jubilados y pensionados, esos recursos no alcanzan para cubrir la demanda de casi seis millones de afiliados. Sin respaldo del Estado, la estructura entra rápidamente en tensión. Desde una de las principales cámaras del sector advirtieron que los pagos recientes "son un ibuprofeno en el medio de una enfermedad terminal", reflejando la magnitud del problema con los prestadores.
A la par del conflicto financiero, el Gobierno enfrenta un frente abierto con los médicos de cabecera. Esta semana realizaron un paro de 72 horas en rechazo a los cambios en el sistema de pagos, que según denuncian implican una fuerte caída en sus ingresos. La modificación, establecida por resolución oficial, elimina el pago por consulta y establece un esquema de cápita fija de $2.100 por paciente.
Para los profesionales, esto representa un recorte directo. "No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico", señalaron en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. La médica clínica Marcela Terranova describió el impacto en el streaming de Infobae: "Nos comunicaron el 10 de abril que solo vamos a cobrar por cápita, $2.100 por paciente, por todo concepto". Y advirtió sobre las consecuencias: "A partir del mes que viene quizás vamos a ganar la mitad".
El cambio no solo afecta los ingresos de los profesionales, sino también la calidad de la atención. Con un sistema que ya no remunera la cantidad de consultas, crece el riesgo de que médicos reduzcan su carga de trabajo o directamente abandonen el PAMI. "Muchos colegas enfrentan la posibilidad de dejar de atender por PAMI si los ingresos no alcanzan", explicó Terranova. El impacto ya se siente en los afiliados.
Durante el paro, se suspendieron consultas programadas, no se emitieron recetas electrónicas ni órdenes médicas, y en algunas regiones se registraron cortes en servicios como ópticas y farmacias por falta de pago. En paralelo, jubilados y organizaciones sociales se movilizaron frente a la sede central del organismo para denunciar recortes en medicamentos e insumos. Incluso reclamaron la renuncia del ministro de Salud y exigieron una auditoría del sistema.
El conflicto se replica en distintas provincias. En Misiones, las ópticas suspendieron prestaciones por falta de pago, mientras que en Córdoba se presentaron pedidos formales de informes por la "gravísima" situación del sistema. A esto se suman reclamos similares en otras obras sociales, como IOMA, lo que sugiere que la crisis excede al PAMI y refleja un problema estructural del financiamiento sanitario.
En este escenario, el Gobierno apuesta a medidas transitorias para descomprimir la situación, como el reciente giro de fondos o la prórroga del régimen que exime a prestadores del pago de contribuciones patronales. Sin embargo, las soluciones de fondo siguen ausentes. La combinación de ajuste fiscal, caída de ingresos reales y retrasos en los pagos configura un panorama delicado. Mientras el oficialismo insiste en que se trata de un "ordenamiento", en el terreno crecen las señales de un sistema que empieza a mostrar signos de saturación. El desafío será sostener la atención de millones de jubilados en un contexto de recursos escasos y decisiones que, según denuncian trabajadores y prestadores, terminan trasladando el costo del ajuste a uno de los sectores más vulnerables.