En una decisión que reordena de raíz el sistema de propiedad intelectual en salud, el Gobierno nacional avanzó con la flexibilización del régimen de patentes químico-farmacéuticas, en línea con compromisos asumidos con Estados Unidos. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 1/2026, no es un simple cambio técnico: implica un giro político y económico con consecuencias potenciales sobre precios, acceso a medicamentos y desarrollo industrial.
La norma, firmada por los ministerios de Salud y Economía junto al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), elimina las pautas restrictivas que regían desde 2012 y habilita un esquema más amplio de patentabilidad. Hasta ahora, el sistema argentino limitaba la concesión de patentes en áreas sensibles. No se aceptaban, por ejemplo, registros sobre polimorfos, sales, ésteres o segundas indicaciones médicas, bajo el argumento de que no constituían innovaciones genuinas sino reformulaciones de sustancias ya conocidas. Ese esquema, pensado para evitar abusos y prolongaciones artificiales de monopolios, fue directamente eliminado.
A partir de ahora, el INPI tendrá mayor discrecionalidad: analizará cada solicitud "caso por caso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley N° 24.481". En los hechos, se pasa de un sistema con filtros específicos a otro más abierto y flexible. Desde el Gobierno, la medida fue presentada como un paso necesario para modernizar el sistema y atraer inversiones.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expresó: "Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales -incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica".
El funcionario también sostuvo que "el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales" Y celebró el cambio como "una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país" En la misma línea, el ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó: "Nos alineamos con el mundo en materia de propiedad intelectual para que la industria farmacéutica argentina pueda ingresar a nuevos mercados e impulsar la llegada de terapias innovadoras para los argentinos" Pero detrás del discurso de "innovación" y "alineamiento internacional", el cambio abre interrogantes sensibles.
El régimen derogado funcionaba como una barrera frente a prácticas conocidas como evergreening: estrategias mediante las cuales las empresas extienden la vigencia de sus patentes con modificaciones menores, retrasando la entrada de genéricos más baratos. Sin esas limitaciones, el riesgo es claro: mayor concentración de derechos, menos competencia y, potencialmente, medicamentos más caros. El propio texto oficial sostiene que el fortalecimiento de la propiedad intelectual permitirá "incrementar la disponibilidad de nuevos productos químico-farmacéuticos" y acelerar "la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercados".
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que esa ecuación no siempre se traduce en acceso equitativo. El Gobierno buscó llevar tranquilidad sobre el impacto inmediato. La resolución establece que los medicamentos que ya están en el mercado no se verán afectados: "los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución". Pero el verdadero efecto de la medida no está en el presente, sino en el futuro: en las patentes que vendrán, en los precios que se fijarán y en el margen de acción de la industria local.
El dato político no es menor: la reforma se inscribe en un acuerdo más amplio con Estados Unidos. La "alineación" en materia de propiedad intelectual aparece como moneda de cambio para abrir mercados. En ese contexto, la frase de Sturzenegger en redes sociales sintetiza el rumbo elegido: "Argentina vuelve al mundo". La pregunta es en qué condiciones. Porque mientras el Gobierno apuesta a la integración global y al ingreso de inversiones, críticos del modelo advierten que el país podría resignar herramientas regulatorias clave para garantizar el acceso a medicamentos y proteger su capacidad productiva.