En el último día hábil antes de la caducidad de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, el Gobierno de Javier Milei emitió tres decretos para desmantelar y reorganizar 21 organismos estatales. La maniobra, que abarca áreas sensibles como salud, seguridad vial, agroindustria y ciencia, fue publicada este martes en el Boletín Oficial N.º 35.702 y es parte del plan de ajuste fiscal y "reducción del gasto público" que impulsa la administración libertaria.
El Decreto 459/2025 fue el más contundente: dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo ente que absorberá la gestión administrativa, financiera y legal de cinco hospitales nacionales: el Posadas, Sommer, Carrillo, Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). La conducción quedará en manos de Diego Masaragian, actual director de Hospitales del Ministerio de Salud. Según argumenta el Gobierno, el nuevo organismo busca "optimizar recursos y unificar procesos", especialmente en licitaciones de medicamentos y servicios tercerizados.
En ese marco, voceros oficiales denunciaron "graves irregularidades" en contrataciones y compras previas, incluyendo una licitación por omeprazol adjudicada "a 400 veces su valor en farmacias". A modo de solución, se propone licitar grandes volúmenes y tomar como precio de referencia el valor de salida de laboratorio, excluyendo el margen logístico y de distribución. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia, asoma el recorte: fuentes del Ministerio de Salud admitieron que los cambios implicarán una reducción del personal contratado, apelando a la "tecnologización" de servicios como vigilancia o limpieza.
De hecho, el comunicado oficial sentenció: "Los recursos son limitados y la eficiencia en su uso se ha convertido en un imperativo. Lo contrario, implicaría la vulneración de derechos fundamentales de la población y de los contribuyentes". La decisión también afectó a numerosos organismos disueltos, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Agencia Regulatoria de Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Medicina Tropical, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el INAFCI (agricultura familiar), y las Delegaciones Sanitarias Federales, entre otros.
En todos los casos, el Gobierno sostiene que las funciones serán absorbidas por ministerios o secretarías, aunque no está claro cómo se garantizará la continuidad operativa, en un contexto de despidos masivos, subejecución presupuestaria y paralización de programas.
Tampoco escaparon al rediseño los organismos transformados:
- La CNRT fue convertida en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
- La Junta de Seguridad en el Transporte fue recortada en sus funciones y pasó a ser la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
- El histórico INTI quedó degradado a "unidad organizativa" dentro de la Secretaría de Industria.
- Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional del Cáncer, el INV (Vitivinicultura) y el INTA, que perdieron su autonomía.
El argumento oficial es que "las estructuras descentralizadas pasaron de 35.481 empleados en 2010 a 88.095 en 2024", y que muchas de ellas presentaban "duplicación de funciones, falta de control interno o resultados poco concretos". Además, se instruyó a transferir bienes inmuebles, vehículos y fondos sobrantes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y al Tesoro Nacional. Las nuevas estructuras ministeriales deberán ser presentadas en las próximas semanas.
Pero detrás de los tecnicismos y las auditorías, el recorte tiene rostro humano: el desmantelamiento del INTA y el INASE impacta directamente en los pequeños productores agrícolas; la absorción del Instituto del Cáncer o de Medicina Tropical pone en riesgo líneas de investigación y atención altamente especializadas; y la disolución de la Agencia de Seguridad Vial contradice años de políticas públicas orientadas a reducir la siniestralidad, en un país con más de 5.000 muertes por año por accidentes de tránsito. El Gobierno insiste en que no se pierden funciones, pero la experiencia de los últimos meses indica lo contrario: reducción de servicios, despidos masivos, desfinanciamiento y un Estado que, en nombre de la eficiencia, se retira de su rol más esencial: cuidar la vida, la salud y la producción de su gente.