En una nueva muestra del desprecio del oficialismo por el multilateralismo, la evidencia científica y las políticas sanitarias consolidadas a nivel global, el Gobierno de Javier Milei confirmó que retirará a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión, anunciada con una batería de acusaciones contra el organismo internacional, marca un punto de inflexión tan grave como insólito: por primera vez desde su incorporación, el país se aleja de los consensos globales en salud pública para abrazar una agenda que combina desregulación extrema, revisionismo ideológico y alineamiento con figuras marginales del mundo sanitario, como el negacionista Robert F. Kennedy Jr.
El comunicado oficial no deja lugar a dudas. La OMS es presentada como una entidad "burocrática", "politizada" y "resistente a revisar sus errores", cuyas recomendaciones "no están basadas en ciencia". En lugar de impulsar mejoras desde dentro, el Gobierno opta por el portazo, despreciando décadas de cooperación internacional que permitieron erradicar enfermedades, organizar respuestas ante pandemias, garantizar campañas de vacunación seguras y estandarizar procesos sanitarios en todo el planeta. Nada de eso parece importar en la nueva lógica libertaria: todo lo que no se alinee con el credo de la desregulación absoluta es considerado sospechoso, corrupto o ineficaz.
El anuncio tuvo como escenario una reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones -un empresario de la salud reciclado como funcionario- y Robert Kennedy Jr., referente del movimiento antivacunas en Estados Unidos y portavoz de un discurso que viene siendo desacreditado una y otra vez por la comunidad científica global. Que el interlocutor de la Argentina en este asunto sea Kennedy, y no un funcionario del CDC o del Departamento de Salud con trayectoria técnica, es una señal preocupante del camino elegido.
La sintonía ideológica quedó sellada con la presencia de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y el impulso compartido de desmantelar las obras sociales, "desburocratizar" la salud y liberar completamente el mercado de medicamentos, prepagas y biosimilares. Todo bajo el eufemismo de la "eficiencia" y la "modernización", mientras se avanza sin controles sobre uno de los derechos más sensibles de la ciudadanía: el acceso igualitario a la salud.
El ataque a la OMS no vino solo. El Ministerio de Salud anticipó una "revisión estructural" de los entes nacionales del sistema sanitario para "ordenar, actualizar y transparentar". Aunque esa consigna pueda sonar razonable, preocupa el contexto en el que se formula: un gobierno que no cree en la salud pública como principio rector, que desfinancia hospitales, desarma programas, cierra instituciones históricas y que ahora se propone revisar -con lupa ideológica- hasta las vacunas.
De hecho, la postura frente a las campañas de vacunación revela el núcleo del problema. Mientras se dice que se continuará con las inmunizaciones "seguras" como la del sarampión, se siembra dudas sobre la vacunación contra el Covid-19, acusándola de haber sido aplicada "sin grupo de control y bajo condiciones excepcionales". Se omite deliberadamente que la pandemia implicó una emergencia sanitaria global y que las aprobaciones se realizaron bajo parámetros internacionales rigurosos. Es el tipo de ambigüedad que alimenta discursos peligrosos y retrotrae el debate sanitario a niveles alarmantes.
A ello se suma la intención de revisar medicamentos de alto costo para "evitar la improvisación autorizada". Nadie niega que los tratamientos de enfermedades raras representan un desafío para la sustentabilidad del sistema, pero plantearlo en términos de "cuestionamiento general" sin distinciones clínicas habilita recortes camuflados como auditoría técnica. En el fondo, se naturaliza un enfoque de salud condicionado por la capacidad de pago.
Tampoco se salva la alimentación: el Gobierno anunció que limitará aditivos sintéticos en productos para la infancia, en una movida que podría ser razonable si no estuviera teñida de oportunismo y contradicción. Quien recorta controles estatales ahora se preocupa por el contenido de los alimentos, siempre que eso no implique regulaciones fuertes sobre la industria. En resumen, lo que se presenta como una modernización es en realidad una demolición planificada del andamiaje sanitario argentino. Salir de la OMS, abrazar teorías marginales y erosionar estructuras de control técnico no es un plan de salud: es un salto al vacío con consecuencias impredecibles. Si la salud deja de ser un compromiso del Estado para transformarse en un experimento ideológico, los que más van a perder son, como siempre, los sectores más vulnerables.