La reglamentación de la llamada Ley de Inocencia Fiscal, presentada por el Gobierno como un cambio cultural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, terminó configurando algo más profundo: un esquema de regularización permanente que flexibiliza controles, reduce riesgos penales y habilita la utilización de ahorros no declarados con un nivel de fiscalización inédito en la historia reciente del sistema tributario argentino. El decreto, ya vigente, modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial con un objetivo explícito: incentivar el ingreso al sistema financiero de los llamados "dólares del colchón".
En la práctica, el mecanismo no solo busca que circulen los ahorros informales sino que redefine la lógica de control estatal. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo celebraron sin matices: "La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie". Pero la libertad que proclama el oficialismo tiene un correlato concreto: el Estado deja de investigar el origen de ese dinero.
El nuevo régimen establece que, si un contribuyente se inscribe en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y paga el impuesto correspondiente, el fisco no analizará su incremento patrimonial, ni depósitos bancarios, ni consumos personales. Es decir, se clausura la revisión hacia atrás: el pasado tributario queda cerrado tanto administrativa como penalmente salvo casos excepcionales.
Al mismo tiempo, la normativa eleva drásticamente los umbrales de evasión: la evasión simple pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos y la agravada de 15 millones a 1000 millones. También reduce la prescripción del delito de cinco a tres años. En la práctica, el cambio implica que gran parte de las conductas que hasta ahora podían ser investigadas penalmente dejan de serlo.
Incluso cuando exista incumplimiento, ya no habrá delito automático. El contribuyente podrá resolverlo pagando la deuda sin afrontar una causa penal. Y si corrige voluntariamente su declaración antes de una inspección, ni siquiera será considerada falta grave. El esquema incorpora además reducciones del 50% en multas y la posibilidad de extinguir la acción penal pagando capital e intereses una sola vez.
El sistema se completa con una presunción de veracidad: las declaraciones juradas presentadas bajo el régimen simplificado se consideran correctas por defecto y ARCA solo podrá impugnarlas ante discrepancias significativas. En otras palabras, el control deja de ser activo y pasa a ser excepcional. Detrás de la reforma está la apuesta económica del ministro Luis Caputo: movilizar los cerca de 170.000 millones de dólares que el Gobierno estima fuera del sistema financiero.
El propio funcionario definió la ley como un "atajo enorme" para la reactivación. El decreto habilita a bancarizar esos fondos en origen o destino, utilizarlos para transferencias e incluso comprar inmuebles en efectivo. Para ingresar al régimen basta con no ser gran contribuyente, tener ingresos menores a $1.000 millones anuales y patrimonio inferior a $10.000 millones. En ese universo -unas 600.000 personas-- el oficialismo espera adhesiones masivas.
Hasta ahora solo se anotaron alrededor de 23.000. El problema de fondo es conceptual: la política económica reemplaza la fiscalización por un incentivo permanente a regularizar sin investigar. El propio Gobierno lo describe como un "blanqueo popular permanente". Ese diseño implica una transformación del sistema tributario: ya no se persigue el origen de los fondos sino el cumplimiento futuro. Quien haya evadido durante años puede invertir ese dinero desde ahora sin revisión retrospectiva.
El mensaje implícito es claro: el incumplimiento previo no tiene costo si se ingresa al régimen. Mientras tanto, la reforma endurece otro frente: las multas formales suben hasta 100.000%, aunque con recordatorios previos. La señal es paradójica: tolerancia estructural frente a la evasión relevante y sanciones administrativas más altas para incumplimientos menores. El Gobierno argumenta que así se reconstruye la confianza tras décadas de crisis, cepos y confiscaciones. Pero el riesgo fiscal es evidente: al reducir la amenaza penal y limitar las facultades de control patrimonial, el Estado renuncia a herramientas clásicas de investigación a cambio de liquidez inmediata.