El Gobierno de Javier Milei presentó al Congreso el proyecto conocido como "Ley Hojarasca", una iniciativa que, según su primer defensor, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, busca "eliminar normas consideradas obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución". Sin embargo, preocupa el verdadero impacto de esta propuesta en la estructura estatal y en los derechos de los y las argentinas.
El proyecto, que ya había sido planteado en 2024 bajo el nombre de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, se presenta ahora como una medida clave dentro de lo que el oficialismo describe como un proceso de "desregulación, desburocratización y reducción del aparato estatal". En su momento, la iniciativa contemplaba la derogación de 63 leyes y la modificación de otras tantas, aunque nunca llegó a debatirse en profundidad. Ahora, con impulso renovado, el oficialismo busca avanzar en una "depuración del digesto jurídico".
El Gobierno asegura que la Ley Hojarasca tiene como objetivo "simplificar el sistema legal, reducir la acumulación normativa y limitar el exceso de intervención estatal". Entre las normas que se proponen derogar figuran leyes del siglo XIX sobre carbón mineral, regulaciones sobre microfilmación y televisión en color, además de disposiciones relacionadas con organismos ya disueltos.
Uno de los puntos más controvertidos es el capítulo dedicado a las leyes que "afectan libertades individuales o responden a lógicas de control incompatibles con el sistema democrático actual", haciendo referencia a disposiciones que penalizan conductas vinculadas al Estado, regulan reuniones privadas y contenidos culturales, además de normas sanitarias catalogadas como "obsoletas". Como ejemplo, se menciona la eliminación de normativas que habilitan la internación obligatoria de personas con lepra, argumentando que estas "vulneran derechos fundamentales".
La iniciativa se enmarca en una visión ideológica libertaria que busca transformar el Estado bajo la premisa de que "el derecho no debe operar como una herramienta de restricciones innecesarias, sino como una garantía de libertades". Sin embargo, esta perspectiva parece ignorar que muchas de las normativas que hoy existen no son meras "restricciones", sino mecanismos diseñados para proteger derechos colectivos, garantizar la seguridad sanitaria o regular actividades económicas en beneficio del interés público.
El proyecto también pone el foco en normas que "imponen trámites considerados innecesarios o sostienen estructuras administrativas sin función real". En palabras del propio gobierno de las fuerzas del cielo, "la 'Ley de Hojarasca' se inscribe en un proceso más amplio de transformación del Estado, orientado a dejar atrás un modelo basado en la acumulación normativa, la sobrerregulación y la intervención discrecional, para avanzar hacia un esquema centrado en la libertad individual, la responsabilidad personal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos".
La administración Javier Milei hace de la "libertad individual" su bandera política. Sin embargo, detrás de este discurso se esconde una concepción del Estado que deja a los ciudadanos librados a las fuerzas del mercado y, al eliminar normativas consideradas "innecesarias", se debilitan las herramientas estatales necesarias para regular sectores estratégicos y proteger a los históricamente desprotegidos.