El nuevo recorte presupuestario aplicado por el gobierno de Javier Milei esta semana volvió a encender todas las alarmas en el sistema sanitario. Entre las casi 600 páginas del anexo de la decisión administrativa 20/2026, publicada esta semana, se esconde una poda que afecta de lleno al Ministerio de Salud y que ya genera preocupación entre médicos, especialistas, pacientes y organizaciones del sector.
La medida establece un ajuste del 2% en todas las áreas de la Administración Pública Nacional, pero en Salud el impacto adquiere otra dimensión: más de $63.000 millones menos para una cartera que ya venía atravesando fuertes reestructuraciones, despidos y cuestionamientos por el deterioro de programas sensibles. Desde el ministerio que conduce Mario Lugones intentaron transmitir calma. Aseguran que el objetivo es "ordenar la inversión sanitaria", evitar superposiciones y "delegar más competencias a las provincias", sin abandonar prestaciones esenciales. Sin embargo, las cifras y las áreas alcanzadas por el ajuste muestran un escenario muy distinto.
El ex ministro de Salud y actual director del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) Adolfo Rubinstein fue uno de los más duros. Alertó sobre una "falta de conciencia desde la conducción en cuanto a las profundas consecuencias que estas políticas pueden generar en el mediano y largo plazo", especialmente sobre "la población más vulnerable". La preocupación no es menor. El Ministerio de Salud había arrancado el año con un presupuesto de más de $7,4 billones, pero sucesivas modificaciones ya lo habían reducido a poco más de $6,6 billones. Aun así, según datos oficiales, apenas se ejecutó el 31,5% de ese monto cuando ya transcurre casi la mitad del año.
Para especialistas del sector, el bajo nivel de ejecución anticipa nuevas restricciones en áreas críticas. Uno de los golpes más fuertes recayó sobre el programa de "Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica", que perdió cerca de $20.000 millones. Allí funcionan estructuras centrales para el sistema sanitario público: el Banco de Drogas Oncológicas, la provisión de medicamentos esenciales, tratamientos de alto costo, asistencia a pacientes trasplantados y programas vinculados al cannabis medicinal.
Pero el caso que más inquietud genera es el del histórico programa Remediar, creado en 2002 para distribuir medicamentos gratuitos en centros de atención primaria de todo el país. Rubinstein lo definió como una "muy efectiva política pública" y denunció que el Gobierno está "desmantelando el programa" bajo la lógica de trasladar la responsabilidad a las provincias. "Esto va a repercutir en los indicadores sanitarios", advirtió el ex funcionario, quien recordó que Remediar garantizó durante más de dos décadas el acceso gratuito a antibióticos, medicamentos para enfermedades crónicas y anticonceptivos para millones de personas.
Las advertencias también llegaron desde el director del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA), Rubén Torres. El especialista señaló en diálogo con Clarín tres focos críticos: "La desaparición del plan Remediar, la disminución de presupuestos para el INCUCAI y el área de cáncer". Precisamente, el programa oncológico sufrió otro recorte significativo. De los $15.000 millones originalmente previstos para tratamientos contra el cáncer, quedaron $10.000 millones vigentes. Sin embargo, hasta mediados de mayo sólo se habían ejecutado $641 millones: apenas el 6,2% del total.
La situación preocupa especialmente porque los tratamientos oncológicos y las terapias de alto costo dependen muchas veces exclusivamente de la cobertura estatal, sobre todo en pacientes sin obra social o en provincias con sistemas sanitarios debilitados. El ajuste también impactará en programas de prevención y control de enfermedades transmisibles. Las áreas vinculadas al dengue, zoonosis y enfermedades vectoriales perderán $1.500 millones. A eso se suman recortes en VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, sectores que ya venían golpeados por despidos y reducción de personal durante 2025.
Otro de los programas afectados es el de Salud Sexual y Procreación Responsable, que tendrá $900 millones menos. En hospitales y centros de salud de distintas provincias ya venían denunciando faltantes de preservativos y anticonceptivos, un escenario que podría agravarse tras este nuevo recorte. El ajuste alcanza además a organismos estratégicos como SEDRONAR, INCUCAI, ANLIS-Malbrán y la Superintendencia de Servicios de Salud. Incluso la Administración Nacional de Establecimientos de Salud -creada en 2025 tras las protestas en hospitales nacionales por salarios y despidos- sufrirá una poda de más de $3.195 millones.