Una suba a contramano
27 Marzo de 2026 10:04
El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó nuevamente en el centro de la escena. Esta vez, no por sus explicaciones públicas ni por los avances judiciales en su contra, sino por su salario: tras una recomposición dispuesta por el gobierno de Javier Milei, su ingreso mensual trepó a casi $7 millones, lo que implica un aumento cercano al 100%. De acuerdo con la información dada a concocer por el medio elDiarioAr, la cifra surge del Decreto 931/2025, que actualizó los sueldos de ministros, secretarios y subsecretarios, congelados desde diciembre de 2023. Aunque el Ejecutivo justificó la medida bajo el argumento de garantizar remuneraciones "adecuadas, competitivas y coherentes", el momento elegido y el contexto económico la vuelven políticamente explosiva.
El incremento salarial ocurre en un país donde los ingresos de la mayoría siguen corriendo muy por detrás de los precios. Según datos del INDEC, la inflación acumulada entre 2024 y 2025 supera el 170%, mientras que el salario mínimo apenas creció un 19,69% durante 2025. El resultado es conocido: una caída real del poder adquisitivo que dejó el ingreso básico en $334.800 hacia fines de ese año. En ese mismo período, los sueldos de la alta política permanecieron congelados... hasta ahora. El contraste es brutal: mientras millones de trabajadores perdieron capacidad de compra, el jefe de Gabinete duplicó su salario en un solo movimiento.
La suba no llega en cualquier contexto. Adorni atraviesa su etapa más delicada desde que asumió, con tres causas judiciales abiertas en Comodoro Py y una serie de interrogantes sobre su patrimonio que aún no tienen respuesta clara. Entre los episodios más sensibles aparecen sus viajes recientes -incluido un vuelo en avión privado a Punta del Este- y la contratación de servicios a través de intermediarios vinculados a empresas con relaciones con el Estado. La investigación ya tuvo un avance concreto: el juez Ariel Lijo tomó intervención y comenzó a reunir documentación, mientras testigos clave se presentaron a declarar.
Pero el foco no está solo en los viajes. También crecen las dudas sobre la evolución patrimonial del funcionario. Adorni reconoció vivir en un departamento en Caballito, pero evitó confirmar su propiedad. Sin embargo, registros oficiales lo ubican como copropietario junto a su esposa. La compra de ese inmueble -valuado en hasta 340.000 dólares- no figura en su última declaración jurada. A eso se suma otra adquisición: una propiedad en un country en Exaltación de la Cruz, también ausente en la declaración de 2024. En paralelo, el funcionario mantiene otros inmuebles y activos, mientras sus pasivos incluyen deudas con particulares por montos millonarios.
La próxima declaración jurada, correspondiente a 2025, será clave para determinar si estos bienes son finalmente incorporados y si las explicaciones alcanzan. En medio de esta situación, un detalle aparentemente menor terminó amplificando el malestar. Una foto publicada en redes sociales desató una investigación colectiva sobre el reloj que llevaba puesto: un modelo de lujo valuado entre 9.000 y 14.000 dólares. El episodio, viral en cuestión de horas, se convirtió en símbolo de una percepción más amplia: la distancia entre el discurso oficial de austeridad y el estilo de vida de algunos funcionarios.
Mientras crecen las preguntas, el Gobierno optó por cerrar filas. Adorni recibió respaldo explícito del oficialismo, con reuniones, apariciones públicas y gestos políticos que buscan desactivar cualquier especulación sobre su continuidad. Sin embargo, ese respaldo convive con una estrategia de bajo perfil ante la prensa: sin nuevas explicaciones de fondo y con varias preguntas aún sin responder. El aumento salarial puede ser legal, y el propio decreto incluye incluso una cláusula de congelamiento en caso de déficit fiscal. Pero la discusión de fondo es otra: la legitimidad política de una decisión de este tipo en un contexto de ajuste generalizado.
