La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que comenzaron las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. En los próximos días, la fiscalía federal avanzará con un requerimiento formal de justificación patrimonial para que el funcionario explique el origen de bienes, dólares en efectivo y movimientos financieros que, según la Justicia, no encuentran hasta ahora respaldo documental suficiente.
La medida será impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y enviada a través del sistema judicial Lex. Se trata de un paso clave dentro del expediente: antes de definir una eventual citación a indagatoria, los investigadores buscarán que Adorni presente documentación capaz de justificar el crecimiento patrimonial y el flujo de fondos detectado en la causa. Detrás de esa decisión hay una acumulación de indicios que empieza a incomodar cada vez más al Gobierno de Javier Milei.
La investigación ya no se concentra únicamente en viajes, gastos en efectivo y remodelaciones inmobiliarias: ahora la lupa judicial también apunta sobre movimientos con criptomonedas que no habrían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción. En las últimas semanas, la fiscalía impulsó nuevas medidas de prueba para reconstruir el recorrido financiero del funcionario libertario. Entre ellas, se solicitó información a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para determinar si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, poseen cuentas, tarjetas o movimientos vinculados a plataformas de criptomonedas.
La sospecha se profundizó después de que la Justicia detectara operaciones con criptoactivos realizadas durante 2024 que no figurarían en la declaración jurada patrimonial presentada por el jefe de Gabinete. Según trascendió, los investigadores identificaron además dos nuevas criptomonedas vinculadas al funcionario y ahora intentan establecer cuánto dinero se movió, en qué período y si las cuentas continúan activas.
La fiscalía busca determinar si existe una correlación entre esos movimientos digitales y el volumen de dólares que Adorni habría utilizado en efectivo durante el último año. La cifra bajo análisis supera los 370.000 dólares destinados a viajes al exterior, hotelería, alquileres, compra de inmuebles y refacciones en la propiedad del country Indio Cua. El problema central para los investigadores es que, hasta ahora, gran parte de esos movimientos no tendría respaldo documental suficiente. En otras palabras: la Justicia intenta determinar si los ingresos declarados por el funcionario alcanzan para justificar semejante nivel de gastos y circulación de divisas.
La pregunta empieza a adquirir un peso político explosivo dentro de la Casa Rosada. ¿Puede un funcionario público sostener 17 viajes al exterior, operaciones inmobiliarias, remodelaciones millonarias y deudas por más de 335.000 dólares sin inconsistencias patrimoniales y en un periodo tan corto de tiempo? Esa última cifra también encendió alarmas en tribunales. Según fuentes judiciales, las acreencias acumuladas por Adorni deberían cancelarse en noviembre de este año y los investigadores intentan establecer cómo justificaría la tenencia de los dólares necesarios para afrontar esos pagos.
Mientras tanto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente de la Procuración General, trabaja en un informe técnico destinado a comparar ingresos y egresos del jefe de Gabinete desde su desembarco en la función pública. Si de allí surgen inconsistencias significativas, el escenario judicial podría escalar rápidamente hacia una indagatoria formal.
En ese contexto, el requerimiento patrimonial que prepara Pollicita funciona como una última instancia previa a una decisión más severa. Si Adorni no logra justificar el origen de los fondos o no entrega la documentación solicitada dentro de los plazos fijados, la fiscalía podría avanzar no solo contra él sino también contra familiares o personas vinculadas al manejo de esos activos. A pesar de ese cuadro, el Gobierno decidió sostener políticamente al funcionario. En la última reunión de Gabinete, Javier Milei fue terminante frente a sus ministros: "No vamos a tirar a nadie por la ventana", dijo para blindar a su jefe de Gabinete en medio del avance de las causas judiciales.
La frase dejó en claro que, por ahora, la estrategia oficial seguirá siendo resistir el desgaste político mientras intenta recuperar iniciativa con anuncios económicos y reformas estructurales. El Ejecutivo celebró esta semana el dato de inflación de abril del 2,6% y busca volver a instalar una agenda centrada en inversiones, desregulación y baja de impuestos. Sin embargo, dentro del propio oficialismo persisten tensiones crecientes. Algunos funcionarios consideran que Adorni debería dar un paso al costado hasta aclarar su situación patrimonial, especialmente después de las revelaciones sobre criptomonedas, gastos en efectivo y remodelaciones inmobiliarias.
El problema para la Casa Rosada es que las novedades judiciales no se detienen. Cada nueva medida de prueba amplía el expediente y mantiene viva una crisis que el Gobierno no logra clausurar políticamente. Mientras Milei apuesta a reposicionar a su jefe de Gabinete como una figura central de la gestión -incluso encabezando actos oficiales y reuniones estratégicas-, en Comodoro Py la lógica parece ir en sentido contrario: la investigación avanza.