Vuelos, contratos, favores para "amigos" y una red bajo sospecha: la Justicia entra a la TV Pública y las miradas se posan sobre Grandío

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un elemento clave que profundiza las dudas: la Justicia ya no mira solo los viajes privados a Punta del Este, sino el entramado de vínculos que rodean a quien los pagó, el periodista Marcelo Grandío. Y lo que empieza a emerger, lejos de disipar sospechas, abre una "caja de Pandora" difícil de cerrar. Así lo definió el periodista Manuel Jove : "Marcelo Grandío, el amigo que pagó los vuelos de Adorni, también tenía un programa en Radio Nacional desde 2024. Además de los cuatro que su productora Imhouse tenía en la TV Pública, para los distintos formatos de tele y streaming". 

Y sumó: "Un pequeño multimedio. LA CAJA DE PANDORA". El avance más concreto ocurrió cuando, por orden del juez Ariel Lijo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó este viernes en la TV Pública para retirar contratos y documentación vinculada a la productora Imhouse, propiedad de Grandío. "Un circo. Llegaron los medios antes que la policía. Se llevaron supuestamente el contrato de Grandío", afirmó una fuente consultada por BigBang. 

El procedimiento buscó determinar si detrás de esos vínculos comerciales existieron delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. Es decir, si los beneficios privados -como los vuelos- pudieron haber sido una contraprestación por contratos estatales. El fiscal Gerardo Pollicita ya había solicitado esa información a la Casa Rosada sin obtener respuesta, lo que terminó forzando el allanamiento administrativo sobre el canal estatal.

Pero la lupa judicial no se limita a los montos. También apunta a los mecanismos de control: registros laborales, asistencias y justificaciones. ¿Se trataba de contrataciones regulares o de una estructura de privilegios? Eso busca determinar la Justicia.  Mientras el expediente avanza, las declaraciones judiciales empiezan a delinear una versión que choca de frente con la defensa pública de Adorni. El piloto y bróker aeronáutico Agustín Issin fue contundente: los vuelos a Punta del Este fueron pagados por Grandío. No solo lo afirmó durante más de cuatro horas de testimonio, sino que aportó conversaciones y detalles de la operatoria.

La secretaria del piloto, que también declaró bajo juramento, ratificó esa versión y fue aún más directa: describió el viaje como "una invitación de Marcelo Grandio". Los detalles del pago suman ruido: un tramo abonado mediante transferencia a través de la productora Imhouse; otro pagado en efectivo, entregado por un tercero identificado como "Horacio" y como comprobante, apenas un mensaje de WhatsApp confirmando la recepción del dinero. De hecho, la factura del vuelo de regreso fue emitida semanas después del viaje. Una irregularidad que, si bien fue explicada por cuestiones operativas, no deja de alimentar sospechas.

En medio de este escenario, Adorni intentó sostener su defensa: "No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado". Sin embargo, la estrategia discursiva choca con los hechos que emergen del expediente. En conferencia de prensa, el funcionario también aseguró que él había afrontado sus gastos. Pero los testimonios judiciales, al menos hasta ahora, dicen otra cosa.

A eso se suma su negativa a dar precisiones: "Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso". El problema es que el silencio, en este contexto, no enfría la crisis: la profundiza. El foco ya no está solo en un vuelo. La investigación empieza a delinear algo más amplio: un circuito donde confluyen contratos públicos, vínculos personales y beneficios privados.

Grandío, lejos de ser un actor periférico, aparece como un engranaje central: Programas en Radio Nacional, cuatro productos en la TV Pública y una productora con presencia en distintos formatos Todo mientras mantiene una relación directa con quien tiene injerencia sobre esos mismos medios. La hipótesis judicial es clara: determinar si existió una lógica de intercambio. Es decir, si los contratos estatales funcionaron como contraprestación de favores personales.