El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que introduce modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, ya genera una fuerte controversia. La medida, que busca reestructurar la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), enfrenta un amplio rechazo por parte de diversos sectores de la oposición por dudas en su constitucionalidad pero sobre todo por sus implicancias para el sistema democrático.
El DNU 941/2025 plantea una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional, incluyendo disposiciones que otorgan carácter encubierto a todas las actividades de inteligencia y habilitan a los agentes a aprehender personas en flagrancia. Además, permite que la SIDE disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia, sin especificar límites claros en cuanto a cantidad de efectivos o temporalidad.
Según el gobierno de La Libertad Avanza, el uso del DNU responde a la necesidad de actuar con rapidez para garantizar la seguridad nacional. En el texto del decreto, se argumenta que "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida". Sin embargo, este razonamiento es ampliamente cuestionado por diversos sectores políticos.
Desde Unión por la Patria (UxP), el exministro de Defensa Agustín Rossi fue contundente: "El Congreso tiene que rechazar el decreto que no mejora el funcionamiento del Sistema de Inteligencia y atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano". Además, expresó su preocupación por el hecho de que "se transforma a los agentes de inteligencia en 'policía secreta', habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial. La SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial", expresó en sus redes sociales.
En la misma línea, la diputada kirchnerista María Teresa García advirtió sobre los riesgos del espionaje interno y la persecución política: "La democracia no nos privó de escuchas ilegales y jugarretas de inteligencia contra opositores políticos. ¿Qué puede salir mal si el Estado le otorga a los organismos de inteligencia facultades de aprehensión de los ciudadanos, si se extiende el secreto mediante el cual se desvían gastos reservados y si se permite que todas sean actividades encubiertas?". García también cuestionó la vía elegida para esta reforma: "La reforma es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia de modificar la ley por decreto. Si quieren avanzar con una modificación deben realizarlo a través del Congreso Nacional".
Por su parte, el bloque Provincias Unidas, liderado por Gisela Scaglia, también rechazó categóricamente el DNU, argumentando que no existe justificación para abordar un tema tan sensible fuera del ámbito legislativo. "Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU", señalaron desde el interbloque. Scaglia enfatizó: "Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución".
Desde los sectores de izquierda, la diputada Myriam Bregman calificó la medida como un "acto ilegal" y sostuvo que "no se puede disponer por decreto sobre la vida, la libertad, la información personal de todos los habitantes". En declaraciones periodísticas, Bregman agregó: "Hay que anular urgente este DNU. Esto no puede ir a la Bicameral de Inteligencia y hacer el proceso de un decreto y todo el mundo ponerse a discutir. El Congreso en la primera oportunidad que tenga se debe reunir y anular rápidamente esta norma que emana del Poder Ejecutivo".
Mientras tanto, desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro también expresó su rechazo al decreto, calificándolo como un "retroceso intolerable y de nulidad absoluta". Ferraro criticó duramente al presidente Milei por preferir "los atajos antes que gobernar según la Constitución" y consideró que el mandatario debería haber enviado un proyecto al Congreso en lugar de recurrir al DNU.
Por su parte, el PRO adoptó una postura más cautelosa. Según fuentes legislativas consultadas por la Agencia de Noticias Argentinas, esta fuerza política conformó un equipo especializado para analizar el contenido del decreto y sus posibles implicancias. "La temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria antes de fijar una posición definitiva", señalaron desde el PRO.
El destino del DNU 941/2025 ahora depende del Congreso Nacional, donde deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Esta comisión tiene la facultad de aprobar o rechazar el decreto, aunque las posturas ya expresadas por los distintos bloques opositores anticipan un escenario complejo para el oficialismo. Mientras tanto, la presión sobre figuras clave como Victoria Villarruel y Martín Menem se intensifica, ya que ambos podrían desempeñar un rol crucial en las negociaciones parlamentarias para definir el futuro del decreto.