23 Mayo de 2024 20:18
En 2013 el Estado Plurinacional de Bolivia presentó una demanda contra la República de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para negociar un acceso soberano al Océano Pacífico, lo que suponía una modificación del Tratado de Paz, Amistad y Comercio del 20/10/1904, ratificado en La Paz el 10/03/1905. Y al mismo tiempo la República de Chile, presentó en junio de 2016, una demanda en ese mismo tribunal contra el Estado plurinacional de Bolivia para el reconocimiento del cauce del río Silala como río internacional, contra las pretensiones bolivianas de que era un río interno. En este escenario no hay ningún vínculo en materia de defensa entre Chile y Bolivia.
Esta situación se torna más complicada por el hecho que ambas naciones no tienen relaciones diplomáticas desde 1978 en que fueron rotas porque la representación boliviana, le imponía a Chile, la resolución del tema de una salida soberana al Océano Pacífico. Y esta situación se mantiene en el presente, en que tanto el presidente chileno Gabriel Boric como el presidente boliviano Luis Arce, mantiene sus posiciones a pesar de que la pretensión boliviana fue rechazada por el Tribunal Internacional, que determinó que la República de Chile no tiene la obligación legal de entregar dicha salida soberana, cosa que el gobierno boliviano no acepta como línea política general, ya que el presidente Arce en recientes declaraciones sostuvo que la aspiración marítima soberana de su nación es irrenunciable.
Esta persistente percepción de un riesgo política militar ha llevado a la República de Chile a mantener una de las fuerzas armadas más equipadas y entrenadas del cono Sur. En el año 2022, el presupuesto militar chileno fue de 5.738.000.000 dólares, la República del Perú contó con un presupuesto militar de 2.588.000.000 dólares, la Argentina con un presupuesto de 2.110.100.000 de dólares, y Bolivia con un presupuesto de 619.600.000 dólares.
Pero este dato es más inquietante cuando se analiza el gasto por habitante, ya que la Argentina tiene aproximadamente unos 46 millones de habitantes mientras que chile tiene aproximadamente 20 millones de habitantes, y Bolivia tiene casi 13 millones de habitantes, lo que muestra que la inversión por habitante en defensa en el caso chileno es mucho mayor que la que surge de la mera comparación de presupuesto de país con país.
Al mismo tiempo, las fuerzas armadas chilenas tienen un equipamiento que ningún otro de los países vecinos tienen en particular en su fuerza aérea dispone de un avión de detección remota y alerta temprana Boeing EL/M-2075 Phalcon (de origen israelí) y varios aviones Boeing E-3D Sentry donados por el Reino Unido. Y estos aviones les dan a ellos una ventaja estratégica, la capacidad de poder detectar con profundidad los movimientos en tierra y aire de las fuerzas armadas argentinas o bolivianas, recursos que ninguno de estos países tiene.
Y al mismo tiempo la fuerza aérea chilena tiene una capacidad específica de reabastecimiento en el aire de las cuales sus países linderos carecen. La adquisición reciente, por parte de la República Argentina de aviones de combate F-16 usados, pero de una generación más actual que los aviones que la Fuerza Aérea tenía, no hace sino avivar las ideas que algunos comentadores de defensa chilenos tienen acerca de una posible amenaza a su seguridad nacional, como el caso del comentarista chileno Daniel Prieto que en una reciente publicación en la red X alerta acerca de un gigantesco número de drones y tropas iraníes en la República plurinacional de Bolivia dispuesta a destruir todas las fuerzas armadas chilenas.
A diferencia del caso chileno, que tiene una situación no resuelta con su vecino, el Estado Plurinacional de Bolivia respecto de la soberanía de algunos territorios que en principio estaba resuelta por el tratado de 1905, y que produce en medios chilenos una percepción de inseguridad, la Argentina ha llegado a un arreglo completo de sus asuntos limítrofes continentales con la República de Chile, quedando una única cuestión, respecto a la interpretación del Tratado de Paz y Amistad de 1984, de la línea divisoria entre los océanos Atlántico y Pacífico, y la proyección de soberanía sobre el lecho oceánico.
Una política prudente y realista para la Argentina supone invertir en defensa y seguridad para sus necesidades internas reales y presentes, y no dar señales de ningún intento de rearme o de potenciación de las fuerzas armadas para conflictos externos. Y apelar a los mecanismos de negociación y de resolución de conflictos en las cuestiones en que los tratados así lo dispongan, de lo contrario una adquisición apresurada e innecesaria de armamento complejo y caro, básicamente para hacerle un negocio a los Estados Unidos de América, lo único que hace es dar señales equivocas a nuestros vecinos que alentarán a los defensores del rearme incondicional de estos países.
En una situación de crisis económica extrema en la que se encuentra la Argentina, claramente el gasto militar más allá de las cuestiones de seguridad internas que tienen que ser cuidadas, es un dispendio de dinero que además de ello nos crea una situación de tensión y debilidad con nuestros vecinos.
