El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su consternación y rechazo tras los violentos hechos ocurridos en Río de Janeiro, donde una operación policial contra el grupo criminal Comando Vermelho dejó un saldo de al menos 119 muertos, según cifras oficiales. Lula calificó los resultados de la intervención como "horrorizantes" y cuestionó la falta de coordinación con el gobierno federal.
"El presidente estaba horrorizado por el número de incidentes fatales. [Lula] se mostró sorprendido de que se lanzara una operación [de esta magnitud] sin conocimiento federal", declaró el ministro de Justicia, Flávio Dino.
Además, el mandatario se reunió con su gabinete para analizar la situación y discutir posibles medidas, incluyendo una eventual Garantía de Orden Público (GLO), aunque esta no fue solicitada formalmente por el gobernador de Río, Cláudio Castro.
La operación, que buscaba debilitar al Comando Vermelho, ha sido ampliamente criticada por organismos internacionales y grupos de derechos humanos, que denunciaron el uso excesivo de la fuerza y las consecuencias letales para las comunidades más vulnerables.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU instó a realizar "investigaciones rápidas y eficaces" sobre los hechos, mientras que Amnistía Internacional calificó la acción como un acto que "puso a la ciudad en un estado de terror".
El gobernador Castro, del Partido Liberal y aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la operación policial y negó que se hubiesen cometido abusos: "El conflicto fue en el bosque. No creo que hubiese nadie paseando por el bosque durante un día de conflicto: por eso se puede clasificar tranquilamente [a los fallecidos] como criminales", afirmó Castro, en un intento por justificar el alto número de víctimas.
Sin embargo, Lula y su equipo insisten en que no recibieron ninguna solicitud formal de asistencia para coordinar la operación: "Primero, él [Castro] debe reconocer la incapacidad de las fuerzas locales para combatir el crimen organizado", señaló el ministro Dino, subrayando que la responsabilidad inicial recae en el gobierno estatal.
La tensión política entre Lula y Castro quedó en evidencia tras este episodio. Mientras Lula busca priorizar un enfoque basado en la cooperación entre los niveles federal y estatal, Castro opta por un discurso que lo posiciona como defensor de la autonomía local frente a la supuesta falta de apoyo del gobierno de Da Silva.
Con Brasil próximo a recibir la COP30 en Belém, Lula sa Silva vive las peores horas de su gestión y ahora enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos en un contexto político cada vez más polarizado.