La Justicia de Estados Unidos acaba de cambiar el rumbo de uno de los litigios más costosos y sensibles de la historia argentina. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió anular la condena que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012, y ordenó a la jueza de primera instancia, Loretta Preska, emitir un nuevo fallo. El impacto es inmediato: la Argentina evita, al menos por ahora, un desembolso multimillonario que amenazaba con condicionar severamente cualquier programa económico. Pero el alcance del fallo va más allá de lo financiero.
Sin ir más lejos, también redefine el sentido político de una causa que atravesó gobiernos, discursos y grietas. La decisión del tribunal de alzada es contundente. No solo revoca la sentencia previa, sino que además valida el marco legal argentino bajo el cual se llevó adelante la expropiación. En ese sentido, sostiene que la ley de nacionalización está por encima de los reclamos contractuales de los accionistas. "Aun suponiendo que los Estatutos crearan un contrato bilateral, las reclamaciones [...] están excluidas por la ley pública de la República que rige la expropiación", señalaron los jueces.
En otras palabras, el corazón del argumento de Preska -que la Argentina había violado el estatuto de la compañía- fue directamente desestimado. También quedó ratificado que YPF no debía ser considerada responsable en el proceso, lo que consolida su exclusión de la demanda. El fallo fue rápidamente capitalizado por el Gobierno. El presidente Javier Milei celebró la resolución como "el mejor escenario posible", mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el trabajo del equipo legal y la negativa a negociar con los demandantes. Sin embargo, el resultado también genera una incomodidad política para todo el entorno libertario.
Lo cierto es que la validación del proceso de estatización implica, indirectamente, un respaldo a la estrategia impulsada en 2012 por Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un dato difícil de digerir para una administración que construyó parte de su relato cuestionando esa decisión. De hecho, el propio Milei intentó culpar al actual gobernador bonaerense al afirmar: "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta Cristina Kirchner". Sin embargo y pese a sus intentos de desacreditación, el fallo no solo alivia al presente, sino que reescribe el pasado.
El respaldo previo del gobierno estadounidense fue clave también. A través de su Departamento de Justicia, la administración de Donald Trump había considerado "demasiado invasivos" los pedidos de información impulsados por los demandantes. Ese apoyo resultó clave para frenar instancias procesales delicadas y fortalecer la posición argentina en la apelación. En un contexto global donde los litigios contra Estados soberanos suelen inclinarse hacia los fondos de inversión, la señal política de Washington tuvo un peso específico.
Del otro lado del mostrador, el golpe fue contundente para Burford Capital, el fondo que había adquirido los derechos de litigio y apostaba a una ganancia multimillonaria. Tras conocerse el fallo, sus acciones se desplomaron más de un 40%, reflejando el cambio abrupto en las expectativas del mercado. El caso, que había sido presentado como una oportunidad de negocio casi segura, quedó ahora envuelto en incertidumbre. A pesar del triunfo, la causa no está cerrada. Las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que abre un nuevo capítulo en un litigio que ya lleva más de una década.
En paralelo, la jueza Preska deberá emitir un nuevo fallo ajustado a los criterios de la Cámara, lo que podría redefinir completamente el alcance de la disputa. La resolución representa, sin dudas, un alivio histórico. Pero también muestra las tensiones de una política que, una vez más, se enfrenta a sus propias contradicciones.