La escena tiene una ironía difícil de ignorar: un senador libertario que defiende la iniciativa privada anunció el cierre de sus propias empresas y dejó a unas 50 familias en la incertidumbre laboral. Francisco Paoltroni confirmó el cese de las actividades operativas de sus firmas en Formosa después de 25 años de trabajo.
El cierre se produce en un contexto de fuerte deterioro del entramado productivo argentino. Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, hasta mayo de 2026 cerraron 30.633 empresas, según el Monitor Mensual de Empresas elaborado por el centro de investigación Fundar.
La cifra representa una caída cercana al 6% del total de las empresas formales del país y el informe utiliza datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que registra las unidades productivas con aportes patronales al día.
Las empresas de Paoltroni pertenecen al sector agropecuario, ganadero y del transporte de hacienda. Su decisión no sólo tiene impacto político en Formosa: también implica la pérdida de puestos de trabajo y una profunda incertidumbre para empleados, clientes y proveedores.
El senador comunicó la decisión a través de un video difundido en sus canales oficiales. Allí explicó las dificultades que, según su versión, llevaron al cierre: "Hoy tengo que transmitir una muy dolorosa noticia para mis clientes, para mis empleados, mis proveedores después de 25 años de trabajo, no tenemos otra alternativa que cesar las actividades", manifestó.
Paoltroni responsabilizó a la administración provincial y a distintos organismos de control por el deterioro financiero de sus empresas: "Todos saben los años de trabajo y de esfuerzo que tenemos en la provincia de Formosa como en otras provincias, pero la persecución política y los ataques nos han llevado al límite al ahogo financiero, al ahogo económico y por eso tenemos que suspender las actividades para poder poner un orden a toda la situación económica y a los compromisos que tenemos por delante".
También denunció multas, embargos y presiones contra sus empresas y clientes: "Sabemos que no podemos continuar. Las multas que nos han inventado, los embargos que nos han hecho del Gobierno provincial. La persecución de los remates a los clientes vendedores, los aprietes a los clientes compradores con miles de formas de presión y de amenazas. Todavía hay un cliente que desde marzo le secuestraron 300 animales y no se los devuelven".
El empresario aseguró que a las medidas provinciales se sumaron embargos de organismos nacionales: "También impactó tremendamente nuestra situación. Siete embargos de AFIP en tres días. Jamás nos había sucedido una situación igual. Pero quiero dar tranquilidad a todos nuestros clientes que vamos a honrar todas nuestras deudas y poner orden en esta situación económica. Infran logró lo que quería, destruirnos, destruir nuestras empresas".
Según registros del Banco Central, la principal firma del grupo mantiene compromisos financieros superiores a $10.000 millones. Desde el sector consignatario señalaron que se trata de cifras operativas habituales para empresas con un alto volumen de movimiento y que no necesariamente implican una situación de incobrabilidad.
Paoltroni vinculó el cierre de sus empresas con una situación que, según sostuvo, afecta a toda la población formoseña: "Y esto lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. En Formosa no dejan trabajar. En Formosa te matan, te asfixian. Esto es lo que sufre toda la población de mi provincia. Y lo he denunciado en el Senado durante estos 2 años y medio como senador. Pero hasta ahora no encontré eco ni apoyo suficiente para ponerle fin a la tiranía", afirmó.
El senador también destacó el rol de la Corte Suprema: "Los únicos que aquí han hecho algo para terminar con esta situación son los jueces de la Corte Suprema de Justicia que en su sano juicio le quieren poner límites definitivos a las tiranías en nuestro país".
El caso de Francisco Paoltroni se suma a una larga lista de empresas que cerraron o redujeron sus operaciones desde diciembre de 2023. La diferencia es que, esta vez, quien anuncia que no puede seguir no es un opositor ni un dirigente sindical: es un senador que llegó al Congreso alineado con el proyecto de Javier Milei.