El mercado laboral argentino atraviesa una paradoja cada vez más evidente: tener trabajo dejó de ser sinónimo de estabilidad, e incluso de bienestar mínimo. Los últimos datos muestran una combinación preocupante de informalidad, desempleo en alza y deterioro del poder adquisitivo que empieza a impactar en un aspecto tan básico como la alimentación diaria. En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43%, lo que implica que más de 4 de cada 10 trabajadores se desempeñan fuera del sistema formal, sin cobertura legal, aportes ni seguridad social. Se trata de niveles que igualan registros de hace casi dos décadas.
A esto se suma un incremento del desempleo, que trepó al 7,5%, aproximadamente un punto porcentual más que un año atrás. La combinación de ambos indicadores configura un escenario donde el acceso al empleo es más difícil y, cuando se consigue, muchas veces es en condiciones precarias. El impacto no es homogéneo. Los datos revelan que los sectores más vulnerables son, una vez más, los más golpeados. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, la informalidad alcanza a 7 de cada 10 trabajadores, un número que expone las enormes dificultades de inserción laboral para quienes recién ingresan al mercado.
Este fenómeno no es menor: implica trayectorias laborales fragmentadas, sin derechos ni estabilidad, que condicionan el desarrollo futuro. En el otro extremo, los trabajadores mayores también enfrentan altos niveles de informalidad, lo que confirma que la precarización atraviesa todo el ciclo laboral. Además, el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres y otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que refuerza la relación directa entre precariedad laboral y deterioro social. Pero quizás el dato más crudo no está solo en la calidad del empleo, sino en sus consecuencias cotidianas.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 83,5% de los trabajadores sufre algún tipo de privación alimentaria durante la jornada laboral. Es decir, incluso quienes tienen empleo deben ajustar en algo tan esencial como la comida. El fenómeno se manifiesta de múltiples formas: el 61,1% de los asalariados reconoce que se saltea comidas por motivos económicos, mientras que el 78,5% opta por alimentos de menor calidad nutricional para reducir gastos. Más grave aún, el 56,2% combina ambas situaciones: come menos y peor. En términos concretos, el 22,6% directamente no come durante su jornada laboral.
El deterioro del salario real aparece como el hilo conductor de este escenario. Los datos muestran que la privación alimentaria está directamente asociada al nivel de ingresos: entre quienes ganan menos de $800.000 mensuales, el 86,7% opta por alimentos menos nutritivos. El problema no se limita al ingreso, sino también a la estructura de beneficios. Los programas alimentarios empresariales, como comedores o vales, están concentrados en grandes empresas y sectores de mayores ingresos, dejando afuera a quienes más los necesitan. En paralelo, el costo de comer durante la jornada laboral también refleja el ajuste.
Sin ir más lejos, el 80% de los trabajadores gasta menos de $10.000 diarios, muchas veces a costa de calidad o cantidad. La persistencia de altos niveles de informalidad -Argentina se ubica en el cuarto lugar entre nueve países de América Latina-, combinada con el deterioro del poder adquisitivo, configura un escenario donde el empleo pierde su rol como herramienta de inclusión. De esta manera, el trabajo ya no garantiza salir de la pobreza ni sostener condiciones básicas de vida.