El pasado 25 de diciembre, un hecho de gatillo fácil sacudió al barrio de Villa Lugano, cuando el oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Darián Gastón Miño, disparó a quemarropa contra Juan Gabriel González, quien perdió la vida en la puerta de su casa. Ahora, Miño enfrenta un procesamiento por homicidio agravado con prisión preventiva, según lo dictaminado por el juez Hugo Decaria.
El caso comenzó con una versión policial que intentó justificar el accionar del oficial como parte de una "discusión violenta entre vecinos" que derivó en un supuesto ataque a los agentes. Sin embargo, las pruebas recolectadas, incluidas grabaciones y testimonios de vecinos, desmontaron esta narrativa.
Según el fallo judicial, "Miño disparó una escopeta -que se trataría del arma de fuego larga marca Benelli modelo M3 SUPER 90, calibre 12-70, con numeración M920436P17 en el armazón y 138837J17 en el cañón- contra el cuerpo de la víctima a una distancia de menos de cinco metros, logrando impactar municiones metálicas en el lado derecho del abdomen de la víctima, donde presentó lesiones". La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue una hemorragia interna y externa derivada del disparo.
El juez Decaria desestimó cualquier posibilidad de legítima defensa por parte del oficial, argumentando que González estaba "descalzo, sin armas y con el torso desnudo" al momento del ataque. Además, el magistrado subrayó que Miño contaba con entrenamiento en el uso de armas y conocía perfectamente la letalidad de las municiones utilizadas a corta distancia.
En su declaración, Miño intentó culpar a otra agente presente en el lugar y justificó su disparo como un intento de disuasión. Sin embargo, el juez fue contundente al señalar que "Sólo existe legítima defensa cuando la acción defensiva es necesaria para repeler la agresión, descartada como está la agresión, mal puede analizarse la necesidad de la defensa o la racionalidad del medio empleado". Palabras más, palabras menos, el fallo advierte que al no haber agresión por parte de González, no se puede hablar ni siquiera de un "exceso" en la actuación policial.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que representa a la familia de González, destacó la importancia del material recolectado por los vecinos para esclarecer lo sucedido. En un comunicado, subrayaron que "la valentía" de quienes registraron los hechos permitió desmentir la versión oficial.
El caso de Juan Gabriel González no es un hecho aislado. Apenas tres días después, otro joven, Víctor Vargas, fue asesinado en Constitución por un efectivo policial. Dejando en evidencia una vez más el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y ponen en tela de juicio la llamada "doctrina Chocobar", promovida en su momento por Patricia Bullrich.