La tragedia sanitaria más grave de las últimas décadas en la Argentina sigue revelando capas de horror. A seis meses del primer alerta de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre la contaminación del fentanilo fabricado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense -dependiente de la Corte Suprema- confirmó que 38 de las 40 muertes analizadas se vinculan directamente con la administración del fármaco adulterado. Las víctimas, internadas en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, recibieron un medicamento infectado con bacterias multirresistentes que agravaron su cuadro clínico hasta la falla multiorgánica y la muerte.
El documento forense no deja lugar a dudas: "La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica provocada por ella fue un factor determinante en el desenlace fatal". En las ampollas analizadas se hallaron bacterias como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica, patógenos altamente resistentes a los antibióticos, cuya presencia fue confirmada también por el Instituto Malbrán.
Las conclusiones son demoledoras: las bacterias se originaron en la propia cadena de producción del anestésico, una línea de fabricación "poco robusta e inconsistente", según el Malbrán, donde las normas de Buenas Prácticas de Manufactura fueron sistemáticamente violadas. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ya procesó a 17 personas -entre empresarios, directivos técnicos y responsables de control de calidad-, cuatro de ellas detenidas en el penal de Marcos Paz.
Entre los principales acusados figuran los hermanos Ariel y Diego García Furfaro, propietarios de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, junto a Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano, altos cargos técnicos que avalaron la producción de los lotes contaminados 31202 y 31244. Los procesamientos describen un entramado de corrupción empresarial y negligencia criminal. El juez fue categórico: los imputados impulsaron "una política deliberada de reducción de costos y simulación de controles", priorizando la rentabilidad por sobre la seguridad sanitaria.
La documentación secuestrada muestra registros falsificados, controles inventados y hasta grabaciones en las que se fraguaban informes de calidad. "El incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de fabricación los hace responsables por las adulteraciones que, de haberse cumplido, se habrían evitado", sentenció Kreplak en su fallo. La magnitud del expediente judicial impresiona: más de 6.000 fojas, cientos de historias clínicas y pruebas periciales que confirman que el anestésico adulterado provocó un brote bacteriano de dimensiones inéditas.
La ANMAT, que clausuró los laboratorios el 13 de mayo, debió haber supervisado la recuperación de más de 230.000 ampollas contaminadas, pero la tarea quedó en manos del juzgado. El organismo regulador, cuya misión es prevenir precisamente estas tragedias, aparece ahora bajo la lupa por su falta de reacción y controles ineficaces. El caso no solo expuso la fragilidad del sistema sanitario, sino también las redes de poder que protegen a los responsables.
En las últimas semanas, la causa sumó un capítulo inesperado con la reconfiguración de las defensas legales: los hermanos García son representados por abogados de alto perfil político, como Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta -ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández-, mientras que el otro acusado, Javier Tchukrán, contrató a Roberto Rallin, socio del actual asesor legal de Javier Milei, Francisco Oneto.
Mientras los familiares de las víctimas esperan justicia, los responsables del desastre sanitario más grave desde Cromañón y Once se rodean de abogados ligados tanto al oficialismo como a la oposición. La tragedia, así, adquiere también una dimensión política. Los peritos forenses concluyeron que las bacterias presentes en las ampollas fueron un "factor agravante" que aceleró los cuadros de sepsis y provocó muertes evitables. En muchos casos, los pacientes fallecieron en menos de 30 días tras recibir el fármaco. "Sin la administración del fentanilo contaminado, el riesgo de infección y muerte no habría existido", precisó el informe.