La noticia golpeó como un mazazo en el mundo judicial y penitenciario: Iván Carlos Méndez, ex interno, condenado dos veces por narcotráfico y recibido de abogado entre barrotes, fue arrestado acusado de tejer un entramado clandestino entre los muros del Sistema de Alto Riesgo y las calles donde todavía manda la economía ilegal de los narcos. Según confirmaron fuentes oficiales, Méndez utilizó su matrícula para algo más que defender a sus clientes. Se convirtió en correo humano de los capos más temidos del país: retransmitía mensajes, organizaba triangulaciones financieras, cobraba dinero y hasta reintroducía capitales ilícitos en el circuito legal. "Violó las restricciones penitenciarias y potenció la actividad delictiva desde los establecimientos federales", señalaron desde el Ministerio de Seguridad.
La lista de sus interlocutores parece un catálogo de pesadilla: Mario Roberto Segovia, el "rey de la efedrina"; Evelio Horacio Ramallo; Martín Lanatta, célebre por la fuga de General Alvear; César "El Loco" Morán de la Cruz; Uriel y Ariel "Guille" Cantero, jefes de Los Monos; Delfín Zacarías, el narco de Rosario; Francisco Rodríguez Villarreal y muchos más. Todos alojados bajo máxima seguridad, todos con acceso a un abogado que supo cómo burlar los muros invisibles del aislamiento penitenciario.
El operativo que terminó con su detención fue desplegado por el Servicio Penitenciario Federal junto a la Policía Federal, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad. El final del camino lo encontró en un sitio simbólico: una propiedad en la Villa 31 adjudicada a "El Loco César", donde los agentes secuestraron una ametralladora, municiones, cocaína y cargadores. La guarida perfecta para quien se creía intocable. De acuerdo con las autoridades, Méndez aprovechó su formación universitaria en la cárcel para regresar a los pasillos judiciales y, desde allí, convertirse en el nexo privilegiado de los mismos narcos que compartieron con él pabellones y condenas.
La toga, en este caso, no fue símbolo de justicia, sino un disfraz que cubría la lealtad a un negocio que nunca abandonó. Mientras tanto, los líderes a los que representaba siguen marcados por su propia violencia: "Guille" Cantero deberá pagar 130 mil pesos por destrozos en Marcos Paz, y "El Loco César", más de 445 mil pesos en tres cuotas por daños en Ezeiza. Una postal grotesca: jefes narcos que destruyen celdas como adolescentes furiosos, abogados que les llevan y traen mensajes como carteros, y un sistema penitenciario que intenta contener lo incontenible.
La detención de Méndez es presentada como un golpe ejemplar, pero también es la confirmación de que las organizaciones narco ya aprendieron a habitar las cárceles como extensiones de sus propios barrios. Y cuando hasta los abogados se convierten en socios, la frontera entre justicia y delito se vuelve apenas una delgada línea que puede romperse en cualquier momento.