Un clima de tensión envuelve al Colegio Santa María de Mendoza tras un episodio que desbordó todos los límites: más de 150 alumnos fueron sancionados en masa luego de protagonizar destrozos en aulas y pasillos durante el último día de clases. Este miércoles, la conflictividad escaló aún más cuando decenas de padres se agolparon en la puerta de la institución para exigir que se modere lo que consideran un "castigo desmedido", mientras dentro de la escuela se mantiene firme una resolución disciplinaria que amenaza con marcar el año académico -e incluso familiar- de los estudiantes.
Todo comenzó cuando los directivos prohibieron los festejos del último día de clases, una tradición extendida en todo el país que suele derivar en desmanes. La respuesta de los jóvenes fue abrupta: según detalló el medio El Sol, "destrozaron una de las aulas y los pasillos del colegio". La reacción institucional no tardó en llegar y fue contundente. A los estudiantes se les aplicaron 20 amonestaciones cada uno y quedaron automáticamente libres, obligados a rendir todas las materias en febrero.
La medida -contemplada en la resolución N°065-REC-2025- fue calificada por el colegio como una respuesta necesaria ante una "seria alteración del orden institucional". En total, 115 alumnos identificados fueron sancionados bajo la figura de descontrol, vandalismo y agravios a los directivos. El Consejo Escolar detalló que los destrozos incluyeron roturas de mobiliario, daños en instalaciones y en producciones académicas de la Facultad de Informática y Diseño, además de insultos dirigidos al director.
Pero la sanción disciplinaria no se limita a las amonestaciones: desde el 12 al 18 de diciembre, todos los estudiantes deberán asistir a la escuela en horario matutino para realizar trabajos obligatorios de reparación y limpieza, talleres de reflexión y hasta un desayuno institucional con el personal de limpieza y mantenimiento. Para ese encuentro deberán llevar cartas de disculpas, en un gesto que la institución considera parte del proceso reparador.
El castigo no termina ahí. En febrero, todos los alumnos deberán rendir un coloquio obligatorio sobre normas de convivencia y reglamento escolar, cuya aprobación es indispensable para que las amonestaciones puedan reducirse de 20 a 14. La institución ofreció esta única vía de alivio, pero con una condición: un solo incumplimiento -de puntualidad, uso de uniforme, restricción de celulares o conducta- anulará el beneficio y los dejará directamente libres para todo el año académico.
Mientras tanto, otro frente de conflicto se abre con las familias: la universidad ya confirmó que el Área de Mantenimiento, el Departamento de Sistemas y la Facultad de Informática están cuantificando los daños. Una vez calculado el monto, la Tesorería imputará los costos en la factura mensual de cada familia involucrada, sin posibilidad de excepción. Cada padre deberá asumir económicamente la parte que le corresponda del destrozo colectivo.
Este miércoles, un nutrido grupo de padres se presentó en la puerta del colegio para intentar frenar lo que consideran un exceso. Muchos argumentaron que sus hijos "solo tiraron papeles" y que la sanción es "indiscriminada". Pero las autoridades se mantienen firmes: la resolución ya está en marcha y solo se revisará la conducta individual durante el plan de reparación.