Durante más de una década, la causa conocida como "Prostitución VIP" se movió entre expedientes que se acumulaban, testimonios que tardaban en salir a la luz y un entramado de poder que parecía inquebrantable. Hoy, quince años después de su origen, el caso finalmente será llevado a juicio oral y público el próximo 26 de octubre en Comodoro Py. En el centro de la escena aparece Leandro Santos, junto a sus hermanos, Micaela y Rodrigo, señalados como parte de una estructura que, bajo la fachada de la agencia Latin American Models, habría operado durante años en los márgenes -y muchas veces por detrás- del mundo del espectáculo.
Pero lo que emerge del expediente no es solo una causa judicial: es el retrato de una época, de un sistema y de un silencio prolongado. La investigación judicial describe un mecanismo que se repite en los testimonios: jóvenes mujeres captadas con la promesa de una carrera en el modelaje -desfiles, eventos, televisión- que terminaban siendo derivadas a encuentros sexuales con hombres de alto poder adquisitivo. El propio fallo de elevación a juicio lo resume: "Les habrían formulado promesas engañosas en el ámbito del modelaje (...) para luego referirles que el verdadero motivo de su contratación era que mantuvieran relaciones sexuales con hombres de gran poder adquisitivo".
El circuito, según la causa, incluía reclutamiento en Uruguay, traslados a Punta del Este y Buenos Aires, alojamiento y control. Un sistema aceitado donde cada paso estaba organizado. Y donde, muchas veces, el consentimiento aparecía distorsionado por la presión, el miedo o la necesidad. La agencia no era un actor marginal. Tenía presencia en televisión, teatro, eventos y la noche porteña.
Por sus filas pasaron figuras conocidas del ambiente artístico, lo que le otorgaba visibilidad y, al mismo tiempo, una especie de blindaje implícito. El nombre de Santos aparece, además, como nexo en distintas investigaciones por presuntos delitos de trata de personas, explotación sexual y extorsión. Una recurrencia que, lejos de acelerar los tiempos judiciales, convivió durante años con demoras difíciles de explicar.
En ese contexto, el caso dejó al descubierto la cercanía entre el mundo del espectáculo, sectores empresariales y esferas del poder político. Los relatos incorporados al expediente son, en muchos casos, devastadores. Mujeres que viajaban creyendo que participarían de un evento o desfile y terminaban en situaciones completamente distintas. "Había camas por todos lados... y donde se practicaba sexo grupal", describe uno de los testimonios sobre una fiesta en Palermo.
Otro relato habla de encierros, presión y consumo de drogas en un contexto donde negarse no parecía una opción real. Una de las víctimas contó que aceptaban "no solo para 'hacer más dinero' sino también para 'no enojar a Santos, ya que si no accedías a su propuesta ibas a ser dejada de lado en la agencia'". El miedo, en ese esquema, era parte del negocio. El expediente también se entrecruza con otros episodios que sacudieron a la opinión pública.
La aparición de modelos vinculadas a la agencia en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman o el escándalo que involucró al dirigente Martín Insaurralde y a Sofía Clerici no hacen más que reforzar la idea de un sistema donde lo privado y lo público se mezclan. La propia Clerici reconoció en sede judicial haber trabajado como "acompañante de viajes" a cambio de dinero y bienes de lujo, en un contexto que vuelve difusas las fronteras entre elección, necesidad y explotación.
La investigación comenzó en Uruguay, bajo la órbita de la jueza Graciela Gatti, en el marco de la llamada "Operación Blanca". Allí, varios implicados ya cumplen condenas desde 2012. En Argentina, en cambio, el expediente atravesó distintos despachos judiciales, desde el fallecido Claudio Bonadío hasta Sebastián Casanello, quien finalmente dictó el procesamiento y embargos millonarios.
La pregunta, inevitable, es por qué. Por qué ante hechos similares, en un país hubo condenas rápidas y en el otro una espera de más de quince años. El propio juez Casanello remarcó años atrás: "Las que pudieron denunciar los hechos investigados manifestaron que muchas compañeras también eran explotadas sexualmente.... El optar por no denunciar en estos contextos es frecuente y es lo que justamente los explotadores buscan".
De acuerdo con el juez Casanello, "para captar a las presuntas víctimas se habrían valido de las agencias de modelos 'Latin American Management', 'Leandro Santos Models', 'José Miguel Producción', 'Pink Promociones' y/o 'Blugmoden', que ocultaban el negocio de explotación sexual que en verdad perseguían". De hehco, la investigación advierte que "les habrían formulado promesas engañosas en el ámbito del modelaje".
Entre ellas destacaron "participar en desfiles, hacer presencias en locales nocturnos, concurrir a programas de televisión, conocer a personas con poder" para, luego, "referirles que el verdadero motivo de su contratación era que mantuvieran relaciones sexuales con hombres de gran poder adquisitivo, alertándolas de que el rechazo de tal propuesta les impediría ascender en su profesión de modelos".
El juez advirtió que, en algunos casos, "se habrían valido también de intimidaciones y coerciones hacia las presuntas víctimas, tales como manifestarles que en caso de no mantener relaciones sexuales o bien no podrían irse del lugar en el que estaban y quedarían encerradas, o no progresarían en sus carreras y serían desvinculadas de la agencia".
Leandro Santos era el "encargado de arreglar el monto (que rondaba de los 300 a los 1900 dólares), el día y el lugar con los prostituyentes y quien habría retenido a las víctimas un porcentaje de dicho rédito -entre el 30% y el 90%-; siendo Luis Zanardi quien entregaba a las presuntas víctimas el dinero en cuestión y, en algunas ocasiones, pactaba los encuentros sexuales".
Además, "Micaela Santos se habría encargado de mantener el diálogo cotidiano con las presuntas víctimas, siendo sus tareas fundamentales las de identificar qué mujeres de la agencia podrían ser captadas, permanecer en los lugares de acogida junto con las presuntas víctimas y anunciarles los eventos a los que deberían asistir para entablar contacto con los prostituyentes, a fin de concretar los encuentros sexuales con posterioridad".
El escrito detalló que "a su vez, Rodrigo Santos, habría participado de las captaciones en su carácter de 'gerente' y/o 'cofounder' de 'Latín American Management - Shharm Producciones' y de 'Santos Group Co.', cuyas tareas habrían consistido principalmente en el 'reclutamiento' de los perfiles de las presuntas víctimas en Buenos Aires y Punta del Este".
No se trata solo de una red, sino de un entramado donde el silencio es funcional. Donde la exposición mediática de las víctimas juega en contra. Donde el miedo a quedar afuera -de un trabajo, de una oportunidad, de un mundo- condiciona cada decisión. Consultado por BigBang, el manager de medios, Jorge Zonzini, célebre por manejar la carrera y la imagen de gente del espectáculo, el arte y la política, se refirió al manejo de la agencia de los hermanos Santos.
En ese sentido, deslizó que "ellos no formaban carreras para sus modelos pero llamativamente sus chicas tenían excesivo trabajo visible en casinos, bingos, eventos privados nocturnos y programas de televisión". Además, sostuvo que "el erotismo y el poder fueron de la mano desde los inicios de la humanidad, sino leamos sobre como tejía poder con su belleza la madre de Alejandro Magno o la mismísima Cleopatra'".
El inicio del juicio no cierra la historia. Apenas abre una etapa que, para muchas de las víctimas, llega después de años de espera. Queda por ver si el proceso logrará desentrañar responsabilidades, o si volverá a chocar contra los mismos límites que lo demoraron durante tanto tiempo. Porque detrás de los nombres, las agencias y los expedientes, hay algo más difícil de juzgar: un sistema que naturalizó durante años la cercanía entre el poder y la explotación.