La escena parece sacada de un drama silencioso que se gestó durante años en los pasillos de una institución educativa acostumbrada a la confianza y a la rutina. Pero esta vez, el golpe vino desde adentro. La Justicia de Neuquén imputó a C. N. C. A., ex secretaria administrativa del Colegio ECEN, acusada de un fraude que sacudió a toda la comunidad educativa: según la investigación, recaudaba cuotas escolares en su propia billetera virtual, apropiándose de más de seis millones de pesos.
La fiscal Valeria Panozzo y el asistente letrado de la Fiscalía de Delitos Económicos, Facundo Bernat, fueron quienes pusieron fin al silencio. Ante la jueza de garantías Carina Álvarez, detallaron un esquema que habría funcionado desde 2022 hasta 2025, aunque la mujer llevaba vinculada a la institución desde 2011. Durante ese periodo, según el expediente presentado en audiencia, recibió al menos 50 pagos de familias de estudiantes que, en lugar de ingresar a las arcas de la Fundación Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén, fueron desviados a su cuenta personal de Mercado Pago.
La suma total supera los $6.008.000. Un monto que no solo implica un daño económico concreto, sino también una herida profunda en la confianza del colegio, sus autoridades, docentes y familias. Cada transferencia representa una cuota de buena fe quebrada, una muestra más de cómo un rol de responsabilidad puede convertirse en la llave de un delito silencioso. Según informó LMNeuquén, la imputada tenía a su cargo la gestión de matrículas, reinscripciones y cuotas mensuales. Era, en otras palabras, la persona a quien se acudía para cumplir con una obligación básica: sostener la educación de los hijos.
Ese lugar de cercanía habría sido utilizado, según la fiscalía, para montar un mecanismo de desvío sostenido y discreto. La jueza Álvarez avaló la formulación de cargos por administración fraudulenta en carácter de autora, una figura tipificada en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal. A partir de ahora, la fiscalía tendrá cuatro meses para completar la investigación preparatoria: peritajes, análisis de documentación, movimientos bancarios y declaraciones de nuevos testigos serán parte del rompecabezas que buscará confirmar la acusación. La Fundación, por su parte, inició una auditoría interna y puso todos sus registros a disposición del Ministerio Público Fiscal. En un comunicado, el MPF destacó que la acción judicial busca "reparar el perjuicio causado y restablecer la confianza de la comunidad educativa".