El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en un contexto atravesado por las denuncias judiciales sobre el caso $LIBRA, el ajuste presupuestario en áreas sensibles y las críticas opositoras por la falta de respuestas concretas. En el documento enviado al Congreso, apenas dos horas y media antes del inicio de su exposición, el funcionario respondió preguntas de distintos bloques parlamentarios, aunque en varios de los temas más delicados el Gobierno eligió refugiarse en la existencia de investigaciones judiciales en curso o derivar las explicaciones a informes previos.
Uno de los capítulos más extensos y sensibles del informe estuvo dedicado al escándalo del criptoactivo $LIBRA, promocionado públicamente por el presidente Javier Milei y hoy bajo investigación judicial. La respuesta oficial evitó pronunciarse sobre las acusaciones concretas y se limitó a sostener que el caso tramita en la Justicia Federal bajo la causa 574/2025, por lo que "una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial".
A lo largo de más de diez apartados, la Jefatura de Gabinete insistió en que muchas de las preguntas formuladas por diputados opositores se basaban en "filtraciones periodísticas" cuya "autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados". El Gobierno aseguró que no existen registros oficiales de acuerdos, convenios, cartas de intención ni contraprestaciones vinculadas a Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis, Kelsier Ventures o las firmas asociadas al proyecto $LIBRA.
También negó que existan documentos oficiales sobre pagos, beneficios o contratos para facilitar reuniones con el Presidente, aunque evitó responder de manera directa sobre eventuales comunicaciones privadas entre funcionarios y empresarios vinculados al token. Sobre ese punto, el informe sostuvo que "las preguntas relativas al contenido específico de eventuales comunicaciones privadas de funcionarios o de terceros son materia propia de la investigación judicial en curso".
En paralelo, el Ejecutivo buscó mostrar iniciativa institucional y destacó que tras el escándalo se creó una Unidad de Tareas de Investigación mediante el Decreto 114/25 y que intervino la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, aclaró que el informe elaborado por esa unidad no puede hacerse público porque su difusión "se encuentra expresamente vedada" por el propio decreto.
El documento también expuso la estrategia oficial para justificar el ajuste en educación y universidades. Ante las críticas por la caída del presupuesto educativo, el Ministerio de Capital Humano defendió un "cambio de enfoque" que prioriza "la inversión en capital humano y no meramente la expansión del gasto". Según la respuesta oficial, el aumento presupuestario "por sí solo no garantiza mejoras educativas".
El Gobierno afirmó que su política educativa se centra en alfabetización, evaluaciones estandarizadas y monitoreo de resultados, mientras que las preguntas sobre el deterioro del financiamiento universitario fueron derivadas a otras respuestas internas del informe sin mayores precisiones. En materia de infraestructura escolar, la administración libertaria remitió a una planilla anexa con el detalle de obras paralizadas, ejecutadas o en revisión.
En el plano internacional, el informe confirmó la firma de un acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos suscripto el 5 de febrero de 2026. Cancillería lo presentó como "el primer paso hacia un acuerdo más profundo" con Washington y destacó que apunta a profundizar la integración económica con "la primera economía del mundo".
Además, el Ejecutivo defendió la incorporación argentina al denominado "Board of Peace", una iniciativa internacional presentada por el Gobierno como un espacio orientado a la resolución de conflictos y la promoción de la paz. Según la respuesta oficial, la adhesión fue firmada directamente por Milei en ejercicio de sus facultades constitucionales y no implica compromisos financieros obligatorios para el país.
Otro de los temas abordados fue la situación de Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo de 2025. El Ministerio de Seguridad informó que el programa de subsidios S.U.R. ya concluyó y que se efectivizaron 36.981 pagos por un total de 82.604 millones de pesos. También reconoció que 4.655 solicitudes fueron rechazadas por incumplimiento de requisitos.
En materia ambiental, el Gobierno ratificó que no prevé fijar nuevas metas obligatorias de incorporación de energías renovables más allá del objetivo del 20% establecido por la Ley 27.191. La Secretaría de Energía sostuvo que no habrá nuevos porcentajes de cobertura fija una vez vencido el plazo original de la normativa. El informe también dejó definiciones sobre incendios forestales, adhesión a la OCDE y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
En todos los casos, el Ejecutivo defendió que cualquier adecuación normativa será compatible con la Constitución y los compromisos internacionales, aunque evitó comprometer nuevas inversiones o ampliaciones presupuestarias. En otro apartado, el Ministerio de Salud y la Sedronar detallaron acciones contra la ludopatía y las apuestas online. Según el informe, el ENACOM ya ejecutó 5.247 bloqueos de plataformas ilegales y ARCA informó que la recaudación vinculada al juego online alcanzó 93.658 millones de pesos durante 2025. Además, el organismo señaló que existen apenas 15 contribuyentes inscriptos en el Registro de Control Online del Sistema de Apuestas.
La presentación de Adorni ante Diputados se produjo mientras el oficialismo intenta contener el impacto político del caso $LIBRA y sostener el relato de transparencia institucional en medio de las investigaciones que recaen sobre el jefe de Gabinete. De hecho, sobre la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, la Casa Rosada remitió únicamente a la declaración jurada pública correspondiente a 2024, documento que todavía no incluye ni el departamento de Caballito ni la casa en el country Indio Cuá Golf Club, inscripta a nombre de Angeletti.
Ante la pregunta sobre por qué no presentó una nueva declaración jurada al asumir como jefe de Gabinete, la respuesta oficial fue directa: "Aún no venció el plazo para la presentación de la última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle del patrimonio integral del Jefe de Gabinete". En los hechos, eso implica que la información patrimonial actualizada permanecerá oculta al menos hasta julio. Otro de los focos de tensión gira alrededor del viaje de Adorni a Punta del Este durante el carnaval de 2026.
Legisladores opositores reclamaron conocer quién financió el vuelo privado y si el traslado había sido declarado ante la Oficina Anticorrupción. La respuesta oficial sostuvo que no existía obligación de registrarlo porque el decreto vigente solo contempla viajes financiados por terceros "para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales". Pero la explicación dejó abiertas múltiples dudas. La Justicia ya incorporó testimonios y chats que indican que Marcelo Grandio habría pagado el vuelo a través de su productora Imhouse, empresa que mantenía contratos con la TV Pública mientras Adorni ejercía funciones en el área de Comunicación y Medios.
Según la declaración de Vanesa Tossi, gerenta comercial de Jag Executive Aviation, fue Grandio quien indicó expresamente que "la familia invitada" era la del jefe de Gabinete. Incluso el tramo de regreso fue facturado directamente al productor por USD 3.000. En paralelo, la investigación judicial detectó diez transferencias de la productora de Grandio hacia cuentas de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por un total de $1.670.900.
Los investigadores buscan determinar cuál fue el verdadero concepto de esos pagos. Pese a eso, el Gobierno respondió que "el Sr. Marcelo Grandío no fue contratado por RTA S.A.U.", aunque evitó mencionar que sí existieron contratos firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse para programas como "Giros en Línea Recta", "Enredados" y "La Sala". La estrategia oficial consistió en responder técnicamente sin despejar el fondo de los cuestionamientos.
Algo similar ocurrió con los gastos de las comitivas presidenciales. El informe reveló que Javier Milei realizó trece viajes internacionales entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con un gasto superior a los $425 millones. Uno de los viajes más observados fue la gira a Miami y Nueva York de marzo de 2026, que costó más de $85 millones y en la que Bettina Angeletti viajó como "invitada" de la comitiva oficial.
El informe no detalló cuánto dinero público se destinó específicamente a cubrir gastos de la esposa del jefe de Gabinete. Tampoco hubo precisiones sobre el viaje de Adorni a Aruba para pasar Año Nuevo, episodio que también forma parte de la causa judicial. Mientras tanto, el oficialismo desplegó un fuerte operativo político para contener al funcionario. Javier Milei confirmó su presencia en el recinto, acompañado por Karina Milei y buena parte del Gabinete. De esta manera, gran parte de las respuestas evitaron profundizar sobre las acusaciones más sensibles y se limitaron a remarcar que la investigación sigue abierta en la Justicia Federal.