El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a recurrir a las redes para intentar apagar un incendio que el propio Gobierno encendió. Luego de que se conociera que la Ley de Inocencia Fiscal -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados- habilitaba la aplicación de multas automáticas y extraordinariamente elevadas por la presentación tardía de declaraciones juradas, el funcionario admitió el desequilibrio y prometió cambios... pero no en la ley, sino en su futura reglamentación. "Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido", escribió Caputo.
El mensaje del ministro funcionó más como control de daños que como rectificación de fondo. Según detalló, "en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles". Y recién después, aclaró, "una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa".
El ministro también sostuvo que "lo importante es que ARCA va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible". En esa línea, defendió el esquema al afirmar que "es una alternativa que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado".
Sin embargo, detrás del tono conciliador y del agradecimiento a quienes hicieron "reclamos y sugerencias" por redes sociales, el núcleo del problema permanece intacto. Incluso con esas eventuales atenuaciones, las multas previstas por la reforma siguen siendo descomunales. Hoy, una sanción del artículo 38 ronda los $200 para personas humanas y $400 para empresas. Con la nueva ley, esos montos pasarán a $220.000 y $440.000 respectivamente: un incremento superior al 100.000%, imposible de disimular con un recordatorio previo por correo electrónico.
Mientras el Gobierno impulsa un régimen que promete "inocencia fiscal" y seguridad jurídica para grandes patrimonios y evasores históricos, endurece de forma brutal el castigo para contribuyentes comunes que incumplan plazos administrativos. La vara no solo es alta: es selectiva. El proyecto, impulsado por el oficialismo y que el Ejecutivo espera aprobar este viernes en el Senado, busca incentivar que los argentinos saquen los dólares adquiridos en el mercado paralelo durante el cepo. Caputo lo presenta como una herramienta clave para sostener un crecimiento del 6% anual y remarca que "no elimina delitos ni sanciones, sino que actualiza montos desfasados".
En ese marco, la evasión simple pasará a configurarse recién desde los $100 millones, y la evasión agravada desde los $1.000 millones. Pero la discusión de fondo no es solo técnica, sino política. Una vez más, el Gobierno propone beneficios estructurales para quienes acumularon grandes sumas al margen del sistema, mientras exige una disciplina casi punitiva a quienes viven del ingreso mensual y dependen de cumplir trámites en tiempo y forma. Y cuando la crítica se hace demasiado ruidosa, la respuesta no llega desde el Congreso ni mediante un nuevo debate público, sino a través de un posteo en redes y la promesa de que "después se arregla" en la reglamentación.