Mientras el Senado se prepara para una sesión clave este viernes al mediodía, el Gobierno avanza en paralelo con dos iniciativas que condensan su orientación económica y política: la aprobación del Presupuesto 2026 y la sanción del proyecto de Inocencia Fiscal. Bajo el discurso de "dar certidumbre" y "normalizar la economía", el oficialismo busca abrirle la puerta a los dólares comprados en el mercado informal y reducir de manera drástica los controles tributarios, en un contexto de ajuste fiscal, intervención cambiaria y fuertes recortes en áreas sensibles del Estado.
El proyecto de Inocencia Fiscal, que ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se encamina a ser convertido en ley con el respaldo de bloques aliados como la UCR, el PRO y representantes provinciales, mientras el peronismo se mantiene al margen de las comisiones en rechazo a su conformación. La sesión será encabezada por el Senado de la Nación, luego del tratamiento del Presupuesto, considerado prioritario por la Casa Rosada. La iniciativa crea un Régimen Simplificado de Ganancias que, según el propio Gobierno, "blinda para siempre" a los contribuyentes que adhieran.
El esquema permite ingresar con patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos sin obligación de informar variaciones patrimoniales ni justificar consumos. En la práctica, el nuevo régimen limita el control del fisco a los ingresos facturados, aun cuando el patrimonio crezca de forma significativa y sin supervisión. ARCA sólo cobrará el impuesto a las Ganancias sobre lo declarado, deduciendo consumos, y sin auditar el origen del capital.
El corazón más polémico del proyecto está en la reforma del Régimen Penal Tributario. El piso para que una conducta sea considerada evasión simple se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada pasa de 15 millones a 1.000 millones. A esto se suma la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años y la posibilidad de extinguir la acción penal si se cancelan las deudas e intereses, beneficio que sólo podrá usarse una vez por contribuyente. Para las denuncias aún no radicadas, el proceso se extingue si se paga la deuda con un adicional del 50%.
El mensaje político es claro: relajar controles, elevar umbrales penales y ofrecer una amnistía encubierta para quienes evadieron, bajo la promesa de "sacar los dólares del colchón" y favorecer una remonetización en divisas. Todo esto ocurre mientras se anuncian sanciones económicas más duras por presentaciones fuera de término, profundizando un esquema desigual: indulgencia para grandes patrimonios y presión para el resto.
La avanzada legislativa se da en un clima económico frágil. El Gobierno necesita cerrar el año sin sobresaltos cambiarios y garantizar el pago de deuda en enero. Aunque el tipo de cambio se mantuvo estable -con el dólar en torno a los $1.450-, distintos análisis privados señalaron una intervención sostenida del Tesoro, operada por el Banco Central de la República Argentina, con ventas de divisas que reducen el margen de maniobra futura.
La calma, advierten operadores, no se explica sólo por factores estacionales, sino por una acción oficial permanente en el mercado. En paralelo, el Presupuesto 2026 avanza con artículos que generan fuerte resistencia. Entre ellos, el polémico artículo 30, que busca desfinanciar obligaciones legales como la inversión del 6% del PBI en educación, el sistema científico-tecnológico y la educación técnica. La Libertad Avanza intenta evitar un traspié como el ocurrido en Diputados impulsando la votación por capítulos, mientras negocia abstenciones que, en el Senado, cuentan como ausencias y reducen la mayoría necesaria.
El oficialismo confía en el apoyo del PRO y en un radicalismo fragmentado. La UCR, cuyo bloque preside Eduardo Vischi, no fijó una postura clara sobre los puntos más sensibles, y el Gobierno apuesta a los senadores alineados con gobernadores afines. Todo ocurre bajo la conducción política del presidente Javier Milei y el manejo económico de Luis Caputo, quienes priorizan la señal a los mercados por sobre el impacto social de las reformas.
Así, en la recta final del año, el Senado se dispone a tratar un combo explosivo: un presupuesto de ajuste, una ley que reduce el castigo a la evasión y un esquema que premia la informalidad pasada con blindajes futuros. En nombre de la "libertad económica", el Gobierno avanza con una arquitectura legal que redefine la relación entre el Estado y los contribuyentes, pero deja abiertas preguntas incómodas sobre equidad fiscal, control público y el verdadero costo social del modelo.