30 Junio de 2025 15:47

Una cruzada judicial sin precedentes: los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 2 que otorgó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) el beneficio de cumplir su condena bajo arresto domiciliario.
La apelación, presentada este lunes 30 de junio, busca revertir el fallo que permitió a Fernández de Kirchner cumplir su condena en su domicilio debido a motivos de seguridad tras el intento de femi-magnicidio que sufrió el 1° de septiembre de 2022. Según los fiscales, "jamás existieron motivos reales" para otorgarle este beneficio, a pesar de que la exmandataria cuenta con 72 años y ha demostrado estar siempre a disposición de la Justicia.

En un documento de 33 páginas, Luciani y Mola argumentan que la prisión domiciliaria ha generado un "impacto social negativo" y que "desvirtúa" el cumplimiento efectivo de las penas: "No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido", sostienen en referencia a la cantidad de personas que se autoconvocan en las afueras de la casa de la ex vicepresidenta.
Los fiscales también cuestionaron el supuesto "trato especial" otorgado a CFK en comparación con los otros ocho condenados en la causa Vialidad, quienes fueron trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal: "Es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso", argumentaron.

Sin embargo, este planteo ignora deliberadamente las circunstancias extraordinarias que rodean el caso de la expresidenta. En primer lugar por el intento de asesinato que sufrió a manos de un grupo de personas que todavía no son investigadas por la justicia y las constantes amenazas contra su integridad física justificaron, según el TOF Nº 2, la decisión de otorgarle prisión domiciliaria.
Además, resulta llamativo que los fiscales insistan en enviar a Cristina a una cárcel común cuando reconocen que podría ser alojada en condiciones individuales: "Desde ningún ángulo puede asimilarse esta situación al aislamiento", señalan, minimizando los riesgos inherentes a su figura pública y las implicancias políticas de su encarcelamiento.

Pero la actuación de Luciani y Mola no es nueva en cuanto a despliegues mediáticos se refiere: durante el juicio por la causa Vialidad, los fiscales transformaron sus alegatos en un espectáculo para las cámaras, con frases grandilocuentes y acusaciones que parecían más dirigidas al público que al tribunal.
La pelota está ahora en manos de la sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos que confirmaron la condena a CFK en primera instancia. Su decisión será crucial no solo para el futuro inmediato de la expresidenta, sino también para el clima político del país.