El programa de ajuste del gobierno de Javier Milei ya impacta de lleno en la atención médica de los jubilados. Clínicas, hospitales y sanatorios privados de toda la Patagonia suspendieron consultas programadas, estudios y cirugías no urgentes para afiliados del PAMI por la falta de pagos y la desactualización de aranceles. La decisión afecta a Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, donde miles de adultos mayores dependen casi exclusivamente del sistema privado para atenderse. Según los prestadores, los convenios con el PAMI acumulan un atraso cercano al 60% frente a la inflación de los últimos dos años y, además, el organismo paga con demoras de hasta tres meses.
En enero directamente dejó de girar fondos. "Extraoficialmente nos explican que Economía no les da el subsidio para pagarnos", señalaron desde el sector. El problema no es menor: el PAMI representa entre el 30% y el 40% de la facturación de los centros de salud, porcentaje que en algunos establecimientos supera el 50%. Sin esos ingresos, el sistema privado regional entra en crisis financiera inmediata, afectando salarios, insumos y proveedores.
La política económica detrás del conflicto es clara. Para sostener el superávit fiscal, el ministro Luis "Toto" Caputo retrasó la actualización de partidas y subsidios, frenó transferencias y postergó la implementación del nuevo IPC que hubiera obligado a aumentar jubilaciones. El resultado es un recorte indirecto en la cobertura sanitaria de los adultos mayores. Las clínicas advierten que ya trabajan a pérdida en algunas especialidades. "Los gastos que tienen las prácticas de urología son más altos de los que nos paga PAMI. No es que son poco rentables, directamente perdemos plata", explicó una fuente del sector.
Ante la falta de respuestas del director del organismo, Esteban Leguízamo, los prestadores iniciaron desde el 10 de febrero una limitación progresiva de servicios. Mantienen emergencias, pero suspendieron atención ambulatoria no urgente. Si no hay solución, anticipan una paralización total. "La situación es sumamente grave, necesitamos una respuesta urgente que permitan la continuidad del servicio", advirtieron. De esta manera, mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal, el costo se traslada a jubilados que ya enfrentan pérdida de poder adquisitivo y ahora ven restringido su acceso a la salud.