La discusión se muda a la calle
11 Febrero de 2026 08:30
La reforma laboral del gobierno de Javier Milei tendrá este miércoles su primera gran prueba fuera del Congreso. Mientras el Senado debate el proyecto, la CGT y las dos CTA encabezarán desde las 14 una movilización frente al Parlamento para rechazar una iniciativa que el sindicalismo considera un retroceso histórico en materia de derechos laborales. En el caso de la CGT, los gremios del transporte realizarán un cese de tareas desde las 13 -sin paralización total- para garantizar la asistencia a la marcha convocada a las 14.30 en Plaza Congreso. Las CTA y ATE, en cambio, irán más lejos: anunciaron un paro de 24 horas.
La central obrera mayoritaria se reservó esa medida para una etapa posterior, cuando el proyecto avance hacia Diputados. La convocatoria sindical plantea un diagnóstico frontal contra la norma oficial: "No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle". A la protesta se sumarán sectores políticos opositores, entre ellos La Cámpora y partidos de izquierda.
El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, sostuvo que el objetivo es "neutralizar" la reforma mediante cambios legislativos y denunció que el texto fue redactado "con un criterio antisindical" y no para "generar empleo", sino que "ataca la estructura de los gremios intentando generar un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales". Desde ATE, Rodolfo Aguiar endureció aún más el tono: "Los gobernadores que avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte" y advirtió que "no pueden malversar el voto popular. Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer".
La oposición sindical se apoya en el contenido concreto del proyecto: limitación del derecho de huelga en servicios esenciales, cambios en indemnizaciones, pago de juicios en cuotas, flexibilización de jornadas y debilitamiento de convenios colectivos. Para los gremios, el eje es claro: abaratar el costo del despido y reducir la capacidad de negociación de los trabajadores. En paralelo, organizaciones industriales lanzaron campañas públicas contra la iniciativa. Una de ellas advierte: "Trabajás más, te pagan lo mismo. Con la reforma laboral trabajás 12 horas y no te pagan extra... si te despiden cobrás menos, en cuotas y sin preaviso".
Mientras crece la protesta, el Gobierno prepara una respuesta preventiva. El Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquetes con un fuerte operativo que incluirá Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA, vallados y accesos restringidos en las inmediaciones del Congreso. El despliegue buscará "garantizar la libre circulación" y custodiar el debate parlamentario, aunque la medida se implementará pese a que la Justicia Federal declaró su nulidad.
Habrá cierres en calles clave y controles en los accesos a la Ciudad para monitorear la llegada de columnas sindicales. El Ejecutivo apuesta a evitar una imagen de desborde social mientras intenta aprobar la ley. La movilización funcionará como un plebiscito político: el sindicalismo busca presionar a los senadores y anticipa un paro nacional si la norma avanza. El Gobierno, en cambio, intenta mostrar orden y gobernabilidad para sancionar una de las reformas centrales del programa de Milei.
