Con una mezcla de concesiones políticas, retrocesos discursivos y negociaciones sectoriales, el Senado debatirá este miércoles desde las 11 la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. El oficialismo llega con los votos prácticamente asegurados, pero al costo de modificar el proyecto original en 28 puntos y negociar simultáneamente con gobernadores, sindicatos, bancos y empresas. La ley que se presentaba como un shock libertario terminó convertida en un paquete de equilibrios que preserva intereses corporativos mientras mantiene aspectos regresivos para los trabajadores.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró el entendimiento y anunció un "acuerdo" para tratar la norma, a la que calificó como la "primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales". Sin embargo, la propia funcionaria admitió que el Gobierno tuvo que resignar partes centrales porque no tenía mayoría: "El tango se baila de a dos", dijo al reconocer que la ley "no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo".
El corazón del acuerdo muestra la lógica política del proyecto: ceder en lo fiscal para conseguir apoyo político, sostener privilegios corporativos y avanzar en flexibilización laboral. El Ejecutivo eliminó el artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas -una medida que implicaba más de dos billones de pesos menos para las provincias- tras la presión de los gobernadores aliados. El cambio no fue ideológico sino aritmético: sin esos votos la reforma se caía.
También hubo concesiones a la CGT. Se mantendrá durante dos años el aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%, y no se reducirán las cargas para las obras sociales, que seguirán en el 6%. Es decir, la "casta sindical" que Milei prometía terminar quedó preservada por necesidad parlamentaria. Aun así, la central obrera no logró frenar puntos sensibles: continúa la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales y seguirá vigente el artículo que obliga a pedir autorización patronal para realizar asambleas en el lugar de trabajo.
El empresariado tampoco quedó afuera del reparto. Se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5% y se creó el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos sin causa: las grandes empresas aportarán el 1% y las pymes el 2,5%. Además, los juicios laborales sólo considerarán salarios -sin aguinaldo ni vacaciones- y podrán pagarse en cuotas, lo que reduce el costo de despedir.
En paralelo, el Gobierno atendió el reclamo del sistema financiero: los sueldos deberán pagarse exclusivamente a través de bancos. "Los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial", explicó Bullrich, quien justificó que las billeteras virtuales podrían "generar enormes problemas". La decisión elimina competencia y asegura un negocio cautivo para las entidades financieras.
Otro punto polémico será la derogación del Estatuto del Periodista, que tendrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio. "Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores", sostuvo la senadora, al argumentar que no tiene sentido que existan regímenes especiales por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo.
El oficialismo consiguió reunir 41 votos entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, suficientes para aprobar la norma salvo sorpresas de último momento. "Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo", afirmó Bullrich, quien insistió en que "no hay ganadores y perdedores, sino que hay un acuerdo". La reforma que Milei busca exhibir el 1° de marzo en la Asamblea Legislativa terminará siendo menos libertaria de lo prometido y más política de lo esperado. El Gobierno cedió ante gobernadores, gremios y bancos para garantizar la sanción, pero conservó los artículos que abaratan despidos, restringen protestas y reducen derechos laborales. El resultado es una ley construida por negociación clásica, pero aplicada sobre los trabajadores.