En medio de la protesta policial frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, encabezó una extensa conferencia de prensa en Rosario para explicar el estado de la negociación con los efectivos y enviar un mensaje político claro: el conflicto existe, pero la seguridad -según afirmó- nunca dejó de funcionar. "Vamos a proceder a informar la situación en relación al reclamo del personal de las fuerzas de seguridad", abrió el funcionario la conferencia ante los medios presentes, luego de la reunión mantenida con voceros policiales durante la noche anterior.
Desde el inicio buscó instalar un dato central: que la protesta no paralizó el sistema. "La seguridad estuvo garantizada. Los días previos al de ayer teníamos un promedio de no menos de cien móviles en la ciudad de Rosario, ciento cuarenta caminantes, a lo que se sumaba una cantidad variable entre cincuenta y sesenta móviles de las fuerzas federales", detalló. Según el ministro, la operatividad osciló entre "el ochenta y el noventa por ciento" y terminó de normalizarse durante la noche. "No hubo situaciones de gravedad, todas las incidencias fueron atendidas", sostuvo el funcionario santafesino.
Cococcioni también respondió a críticas por la demora en la negociación. Aseguró que el gobierno nunca se negó a hablar, pero que exigía primero recuperar el patrullaje. "Nosotros en ningún momento nos negamos a dialogar. Nosotros no podíamos sentarnos a dialogar en el marco de sentirnos que el diálogo iba a ser condicionado o condicionante de la operatividad policial posterior", explicó. La condición era simple: volver a la calle. "Pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana", dijo. Una vez cumplido ese requisito, convocaron a los delegados.
Durante la conferencia, el ministro hizo un llamado directo a los agentes que seguían fuera de funciones. "Quiero públicamente instarlo a que quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas... ya se presenten, tomen el arma, tomen el chaleco, y de inmediato se reintegren al servicio ordinario en la policía de Santa Fe", afirmó. Además, anticipó que eso implicará salir de la situación preventiva de disponibilidad. El corazón del reclamo es económico y el propio ministro lo reconoció sin rodeos. "El planteo central fue... que quien menos gana se aproxime a lo que se llamaría la canasta básica", explicó.
Sin embargo, aclaró que aguardarán la actualización del INDEC para definir números. Lejos de deslegitimar la protesta, adoptó una postura poco habitual: validar el fondo del reclamo. "El fondo de los reclamos nosotros lo entendemos y lo consideramos muy aceptable y muy admisible", sostuvo. Y remarcó: "No se planteó ninguna medida que sea no razonable... es atendible y no lo descalificamos desde ningún punto de vista".
De hecho, Cococcioni fue más allá y abrió la puerta a una política salarial distinta al resto del Estado. "Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración pública, nosotros entendemos que eso es correcto", afirmó. Justificó esa posición en el contexto de violencia que atravesó la provincia: "Les hemos exigido mucho...", indicó.
Y aclaró: "Veníamos de procesos de delito y violencia que habían arrojado cuatrocientos, y en algunos casos, cuatrocientos cincuenta homicidios dolosos en un año".Según el funcionario, el trabajo policial permitió reducir ese escenario: "Hoy tenemos que atender la situación de los veinticinco mil policías y de los cuatro mil y algo de penitenciario, porque, gracias a ellos, no estamos atendiendo al reclamo de un millón de personas".
De esta manera, el gobierno santafesino reconoció el conflicto, validó el reclamo salarial y ahora busca cerrar la protesta sin mostrar debilidad. Para Cococcioni, la ecuación es directa: "La sociedad va a aceptar y va a entender ello... estamos reconociendo a las instituciones que cuidaron la vida de casi cuatro millones de santafesinos". Con la negociación abierta y el ministro de Economía a cargo de los números, el gobierno santafesino apuesta ahora a transformar una protesta armada en un acuerdo salarial.