Está pasando: el proyecto de reforma laboral que se discute en el Senado preocupa a diferentes rubros de trabajadores. Este miércoles, el Gobierno impulsa una iniciativa que, de convertirse en ley, podría significar un cambio profundo en las condiciones laborales de miles de trabajadores. Entre las medidas más controversiales se encuentra la derogación de los estatutos del periodista, del peluquero y del viajante de comercio, regulaciones que históricamente garantizaron derechos específicos para estos sectores.
El artículo 194 del proyecto de reforma establece con claridad: "Deróganse las leyes 12.908 y sus modificatorias; 14.546 y sus modificatorias; (...) y 23.947". Estas leyes, que en su momento representaron conquistas laborales, se encuentran ahora en el centro del debate. Pero, ¿qué implican realmente estas normas y qué riesgos supone su eliminación?
El Estatuto del Periodista (Ley 12.908)**, sancionado en 1946 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, es un pilar fundamental para quienes trabajan en medios de comunicación. Este marco legal no solo regula las condiciones laborales, sino que también protege derechos esenciales como la libertad de expresión y pensamiento. Además, establece categorías profesionales, escalafones, indemnizaciones y otros aspectos que buscan garantizar la estabilidad y dignidad de los periodistas.
Por su parte, el Estatuto del Viajante de Comercio (Ley 14.546), promulgado en 1958, define los derechos de los trabajadores que representan a empresas comerciales o industriales. La norma asegura condiciones específicas como la estabilidad en la zona de trabajo y la remuneración justa por traslados o cambios impuestos por los empleadores. Este estatuto es clave para proteger a quienes desempeñan su labor lejos de sus hogares y bajo condiciones itinerantes.
Finalmente, el Estatuto del Peluquero (Ley 23.947) sancionado en 1991, regula los derechos de quienes trabajan en peluquerías, institutos de belleza y academias. Esta ley contempla modalidades salariales específicas, descansos compensatorios y otras garantías que buscan proteger a estos trabajadores frente a posibles abusos.
La derogación de estas regulaciones es una pérdida simbólica para sectores históricamente organizados en defensa de sus derechos y, paralelamente podrían abrir la puerta a una mayor precarización laboral.
Es que las particularidades de cada oficio exigen marcos legales específicos que reconozcan las condiciones únicas bajo las cuales se desempeñan que muchas veces se desarrollan en la completa precarización salarial e informalidad laboral. El debate no es menor: es que ahora no habrá garantías en el respeto de los derechos laborales de estos sectores en un escenario sin estas leyes en el contexto de una violenta reforma laboral.