¿Argentina inclusiva? ¡Afuera!
14 Mayo de 2025 14:14
El Gobierno nacional decretó cambios en Régimen Migratorio, a través de los cuales ahora las y los extranjeros no podrán ingresar al país si cuentan con condenas y serán deportados en caso de romper la ley, sin importar que los delitos tengan penas menores a los cinco años. Al mismo tiempo, deberán pagar por los servicios en la salud pública. La medida fue anunciada desde las conferencias de prensa del vocero Manuel Adorni, las cuales se redoblaron de cara a las elecciones porteñas en las que encabeza la lista a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA).
"Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo aquellos que vienen a construir un país más libre y más prospero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio", señaló Adorni en la tercera conferencia que brindó esta semana.
Cabe recordar que el ritmo de éstas había bajado, pero la preocupación nacional respecto a los alcances electorales de su figura llevaron al Gobierno libertario a volver a ponerlo en el centro de la escena y a aprovechar para que se encargue de anunciar las nuevas medidas de la gestión.
"De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados", aseguró Adorni. La legislación actual, sólo funcionaba de esa manera cuando las penas eran mayores a cinco años y únicamente en los delitos cometidos en territorio nacional.
"La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado sea el delito que sea y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga", celebró el vocero presidencial de Javier Milei.
El funcionario diferenció a los "inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley, que vienen a trabajar, a forjar su futuro" de quienes no lo hacen. "No es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley", añadió.
En relación a la cuestión sanitaria, Adorni remarcó que "a partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago".
Al mismo tiempo, si bien en un comunicado oficial se aclaró que la educación primaria y secundaria seguirá gratuita para las y los extranjeros, reveló que sí "se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria".
Por otro lado, el vocero admitió que habrá requisitos "más severos" para obtener la residencia permanente y la ciudadanía que, aclaró, "solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional". "Quienes entran o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora", agregó.
"Hoy, entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán", rechazó Adorni.
Para argumentar a favor de la medida, el vocero habló de los "famosos tours sanitarios" en los cuales supuestamente extranjeros de países limítrofes vienen al país a atenderse en la salud pública y gratuita. Allí destacó que, solo en un año, ocho hospitales nacionales destinaron "114 mil millones de pesos en atender extranjeros".
Más allá de que no aclaró de dónde salió el número, este implica solamente casi un 1,75% del total del presupuesto sanitario nacional, estimado en 6.541.588.700.000 pesos. Lo paradójico es que estos presuntos 1.700.000 inmigrantes que entraron en los últimos 20 años implican sólo un 3,7% de la población total, demostrando que el gasto que generan en salud es menor a la mitad que el que las y los argentinos o nacionalizados.
Vuelta a las conferencias
La semana de Adorni estuvo cargada de actividad. Y aunque le contestó con malos modos a Silvia Mercado cuando la periodista expuso cómo había cambiado el cronograma de conferencias, las cuales semanas atrás habían desaparecido y volvieron -oh, casualidad- para el tramo final de la campaña, es un hecho que desde el Gobierno nacional se le intenta dar un tono electoral a la situación.
El viernes 16 de mayo, una vez que la veda electoral esté vigente, no habrá conferencia de prensa. Otra razón como para darle validez a las sospechas. Aunque mañana se espera que se anuncie la famosa medida que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, expuso la semana pasada, para poder afrontar un nuevo blanqueo de capitales.
Según analizó Noticias Argentinas, Adorni cuenta "con una racha en baja que se registró durante los primeros cuatro meses del año en los que dio tan solo 18 conferencias, lo que registró una reducción considerable frente al mismo período del año 2024 con 72 comunicaciones (20 en enero, 17 en febrero, 17 en marzo y 18 en abril).
Antes Manuel Adorni había anunciado la nueva modalidad de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores afiliados a PAMI, conferencia en la cual debió desmentir las acusaciones en contra de la gestión nacional, ya que el contrato cuenta con un precio 25% más alto que el que estaba vigente.
