Protección y espectacularización
20 Febrero de 2026 11:56
El Ministerio de Capital Humano formalizó una denuncia penal luego de la viralización de un video en el que se observa a una mujer dándole cerveza a su bebé en el Ferrocarril General San Martín. La reacción oficial fue inmediata y elevó el caso -difundido masivamente en redes sociales- al plano judicial y administrativo, con intervención de organismos de protección de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad.
Según el comunicado difundido, "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, informa que formuló una denuncia penal y dio intervención a los organismos de protección de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad competentes ante la difusión pública de un video en el que se observa a una mujer suministrando una bebida alcohólica a una niña de corta edad en el ámbito del Ferrocarril General San Martín".
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y quedó radicada bajo el número 1592133. En ese marco, se solicitó "que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública y se dispongan medidas urgentes de protección para resguardar la integridad física y la salud de la niña involucrada". El ministerio también informó que pidió "la identificación de las personas involucradas y la investigación de los delitos incurridos contra la niña".
Las imágenes muestran a la bebé -que aún usa pañales- sentada a upa de su madre dentro de un vagón mientras toma cerveza directamente de una lata. En un momento, la mujer le retira la bebida para consumirla ella misma. La escena, captada por otro pasajero, se viralizó rápidamente y generó una ola de indignación en redes sociales. Frente a la exposición pública del caso, la cartera nacional avanzó además con comunicaciones formales al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.
El objetivo, según el texto oficial, es identificar a la niña y a la persona adulta involucrada "y adoptar las medidas de protección integral que correspondan". "El Ministerio de Capital Humano reafirma el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y destaca la importancia de la articulación entre los distintos niveles de Gobierno para garantizar respuestas rápidas y eficaces ante situaciones que puedan implicar riesgo o vulneración de derechos", agrega el comunicado.
Si bien el suministro de alcohol a un bebé constituye una conducta potencialmente riesgosa que amerita intervención estatal, el caso también abre interrogantes sobre la creciente judicialización inmediata de episodios viralizados y el rol de las redes sociales como disparador de políticas punitivas. La rapidez con la que el Estado actuó -con denuncia penal incluida- contrasta con otras problemáticas estructurales que afectan a la niñez y que no siempre encuentran la misma visibilidad ni reacción institucional.
El hecho de que la intervención se haya producido tras la "difusión pública de un video" expone, además, hasta qué punto la agenda estatal se ve condicionada por la viralización y la presión social digital. La prioridad declarada es la protección de la niña. Sin embargo, el proceso judicial que se abre plantea un delicado equilibrio entre garantizar derechos, evitar la revictimización y no convertir un episodio irresponsable -y ampliamente repudiado- en un caso ejemplificador que termine amplificando aún más la exposición de la menor. Mientras avanza la investigación, el foco debería permanecer en la salud y la integridad de la niña, más que en la lógica del castigo mediático.
