El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, volvió a defender el proyecto de Régimen Penal Juvenil que obtuvo media sanción y que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El funcionario lo presentó como un mensaje social más que como una reforma judicial. "La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de que el que las hace las paga, tiene que tener algún tipo de límite el menor. Basta de impunidad. El mensaje muy importante para la sociedad y la víctima es que nos ocupamos", sostuvo en diálogo con radio Rivadavia. La iniciativa aparece en un contexto donde el Gobierno busca mostrar autoridad frente al delito, aun cuando especialistas advierten que la criminalidad juvenil representa un porcentaje bajo dentro del total de delitos graves. Sin embargo, la narrativa oficial apunta a construir una imagen de orden.
En ese sentido, el ministro afirmó: "El menor actúa con dolo y comete delitos gravísimos, violencias, armas, homicidios, abusos sexuales, pornografía, en los colegios chicos de 13 y 14 años vendiendo productos de pedofilia y demás. Eso genera impunidad y falta de tratamiento y curación al menor". El discurso oficial intenta equilibrar castigo y contención. "No se trata de matar al pibe, es tratar de darle una nueva oportunidad", explicó Cúneo Libarona.
Según el funcionario, la reforma no apunta a encarcelar masivamente: "Lo más importante son las enormes cantidades de garantías y derechos que se les imponen a los menores para que se reincerten en la sociedad. No es que va preso (...) la resocialización y educación es la finalidad principal". También prometió un sistema diferente al actual: "Estamos discutiendo 13 o 14 (años), pero la ley es fantástica".
Y agregó: "No es una ley donde vas a tirar un chico en un depósito como es hoy y que quede ahí abandonado en lugares que tienen capacidad para 150 personas y hay 300". El esquema incluiría institutos separados, seguimiento familiar, escolaridad obligatoria, deporte y capacitación laboral: "Para reeducarte. ¿Cómo? En establecimientos especiales, va a haber plata, colegio obligatorio, oficio para el día de mañana y deporte. Mucha intervención de la familia, mucho seguimiento".
El problema es menos jurídico que político. El Gobierno busca instalar que la inseguridad se resuelve bajando edades penales, aun cuando la propia explicación oficial reconoce que el sistema actual falla por abandono estatal. El ministro incluso lo admitió indirectamente: "El sistema actual fracasó". La pregunta que surge es otra: si el sistema fracasó con adolescentes de 16 y 17 años, ¿por qué funcionaría mejor con chicos de 14? La reforma apuesta a ampliar el alcance penal mientras promete simultáneamente inversión social, seguimiento y educación obligatoria: exactamente lo que hoy no existe de manera suficiente.
En ese marco, el propio funcionario sintetizó el espíritu del proyecto: "Que sea ley por el bien de la Argentina, la justicia y la sociedad". La discusión, entonces, queda abierta: si la prioridad es la reinserción, el debate es educativo y social; si la prioridad es el mensaje, la política se vuelve penal. Y la reforma parece caminar en esa frontera, donde la seguridad pública se comunica antes de construirse.