El Gobierno de Javier Milei buscará volver a marcar la agenda política con una batería de iniciativas que combinan profundas reformas económicas con el avance de su denominada "batalla cultural". Mientras el Presidente utilizará una nueva cadena nacional para anunciar cambios estructurales en la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo acelera en el Congreso el tratamiento del denominado Súper RIGI y referentes de La Libertad Avanza vuelven a impulsar proyectos para revertir derechos conquistados, como la legalización del aborto, además de cuestionar la Educación Sexual Integral (ESI).
La principal novedad llegará este jueves a las 20, cuando Milei encabece una cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El mandatario presentará una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de impedir por ley que futuros gobiernos puedan financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
La iniciativa establece que la preservación del valor de la moneda pase a ser el único mandato prioritario del organismo y elimina herramientas históricas de financiamiento del Estado. Entre los cambios más relevantes figura la prohibición definitiva de asistir monetariamente al Tesoro, la eliminación de las transferencias de utilidades contables, la prohibición de utilizar letras intransferibles para financiar al Gobierno y un endurecimiento de los requisitos para remover al presidente y a los directores de la entidad.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la incorporación de sanciones penales para los funcionarios que autoricen mecanismos que vulneren la autonomía del Banco Central o habiliten nuevamente la emisión para financiar al Poder Ejecutivo. La propuesta también incorpora un mecanismo similar al "shutdown" estadounidense, que obligaría a paralizar parte de la administración pública cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, impidiendo cubrir gastos mediante emisión o mayor endeudamiento.
Según anticiparon desde la Casa Rosada, el proyecto ingresará a la Cámara de Diputados tras el receso invernal y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertirlo en ley. Pero la ofensiva legislativa del Gobierno no termina allí. La próxima semana el Senado comenzará a debatir el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, una de las principales apuestas económicas del Ejecutivo para atraer grandes capitales internacionales.
El proyecto apunta a sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la biotecnología, los semiconductores, el hidrógeno verde, la fabricación de baterías, los vehículos eléctricos, los reactores nucleares modulares, los paneles solares, las turbinas eólicas y la industrialización de minerales críticos como el litio y el uranio. Para acceder al régimen, las empresas deberán invertir al menos 1.000 millones de dólares y, a cambio, recibirán un amplio paquete de beneficios durante tres décadas.
Entre ellos figuran estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, créditos fiscales para cancelar IVA y contribuciones patronales, exención de derechos de importación y exportación y la posibilidad de disponer libremente de hasta el 100% de las divisas generadas por exportaciones a partir del tercer año.
El oficialismo ya convocó para el 5 de agosto a un plenario de comisiones con el objetivo de obtener dictamen y llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes. Sin embargo, mientras concentra sus esfuerzos en estas reformas económicas para transmitir señales de previsibilidad a los mercados e incentivar inversiones, referentes de La Libertad Avanza y sectores aliados profundizan una agenda ideológica que vuelve a poner en discusión derechos consolidados.
Durante el foro "Libertad para el Futuro: Una Agenda Política por la Natalidad y la Protección de la Infancia", realizado en la Legislatura porteña, dirigentes libertarios y del PRO expresaron públicamente su intención de avanzar contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo y cuestionaron la Educación Sexual Integral. La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero sostuvo que existe una estrategia para revertir la legislación vigente. "Hay una agenda para que todo eso que ha sucedido en 20 años cambie. La estrategia no la puedo poner yo sola. Para que esto se dé se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida. Están todos los proyectos: hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto. Tiene que ser con toda la sociedad movilizada", afirmó.
En el mismo encuentro, la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, cuestionó con dureza la ESI y la legislación sobre aborto. "Muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican. Uno de cada tres hijos se abortan. Permitimos que exista una desconfianza feroz entre mujeres y varones. Permitimos que se sexualice a los niños desde jardín de infantes", aseguró. También sostuvo que la baja natalidad constituye un problema central y afirmó que en la Ciudad "los perros duplican a los menores de 10 años". La exvicepresidenta Gabriela Michetti reapareció en el foro con un mensaje en la misma línea. "Nos estamos ocupando de la supervivencia de la especie humana", expresó, tras recordar las críticas que recibió por su postura contraria a la legalización del aborto.
Por su parte, el diputado libertario Santiago Santurio cargó contra el progresismo y el denominado "wokismo". "No es lo mismo una cultura que promueve sacrificios humanos a una que defiende el carácter único de cada individuo. No es lo mismo una cultura que denigra a la mujer que una que promueve equidad con el varón", sostuvo. El legislador provincial Nahuel Sotelo también cuestionó las políticas vinculadas a la identidad de género. "La ideología de género es un negocio. Para sostener ese engranaje comercial tienen que tener clientes nuevos", afirmó. Las declaraciones se produjeron mientras el presidente Milei mantiene vigente su postura de que "el aborto es un homicidio agravado por el vínculo", aunque hasta el momento el Poder Ejecutivo no envió al Congreso un proyecto para modificar la legislación vigente.