Alejandra Monteoliva viajó a Córdoba para hablar ante la Bolsa de Comercio, pero terminó ofreciendo una defensa paupérrima del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, el efectivo de la Policía Federal señalado por disparar un arma larga vestido de civil durante la represión frente al Congreso.
Ante el Círculo Rojo cordobés, la ministra intentó explicar por qué Gauna llevaba un arma y no tenía una identificación visible: "Es probable que el comisario o subcomisario (sic) haya tenido su placa colgada, dijo sin darse cuenta de lo obvio: el trabajo de los y las fotos reporteras hicieron lo suyo y, en todas y cada una de las fotografías se observa a Gauna sin ningún tipo de identificación de la Policía Federal.
Monteoliva también buscó minimizar el tipo de arma utilizada: "Con respecto al arma es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo", declaró. Sin embargo, Monteoliva nunca contestó por qué un jefe policial vestido de civil apuntó y disparó hacia una multitud durante una manifestación.
La ministra respondió con evidente enojo cuando le preguntaron por la represión y desplazó la responsabilidad hacia los manifestantes: "Los que tienen que explicar son los que van con una masa, un martillo, que expliquen los que queman a los gendarmes o los escupen. Tengo personas con lesiones en columnas, irrecuperables. Tengo 200 efectivos que quedaron con lesiones por la marcha del jueves", afirmó.
Pero la defensa política no cerró el conflicto. La represión dejó manifestantes heridos, periodistas afectados y una reportera gráfica internada con una fractura de cráneo que, según confirmaron desde SipreBa y Argra, ya está fuera de peligro aunque estuvo todo el fin de semana internada. La presencia de Gauna, armado, sin uniforme y en medio de la movilización, se convirtió en uno de los puntos más sensibles del operativo.
Dalbón apunta contra Monteoliva y Gauna
Cuatro días después de la represión, el abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a Monteoliva y a Gauna. La presentación ingresó al Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Servini, y quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal N° 2, conducida por Carlos Rívolo.
La denuncia es por presunto abuso e incumplimiento de la autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejaciones o apremios ilegales. Dalbón incluyó a quienes hubieran participado en la planificación, autorización, conducción y ejecución del operativo.
En el escrito, describió la actuación de Gauna y pidió que sea investigada formalmente: "respecto de quienes hubieran intervenido en la planificación, autorización, conducción y ejecución del operativo. En particular, se denuncia la actuación del Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, quien aparece registrado en imágenes difundidas públicamente vestido de civil y efectuando disparos con un arma larga durante el desarrollo del operativo, circunstancia que deberá ser corroborada e individualizada formalmente".
Dalbón sostuvo además que la concentración comenzó como una protesta pacífica y que la situación cambió cuando "las fuerzas de seguridad comenzaron a avanzar sobre los sectores ocupados por los manifestantes", expresó en el escrito.
El abogado puso el foco en el impacto que tuvo el operativo sobre trabajadores de prensa: "Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional".
La presentación judicial advierte que la responsabilidad no puede reducirse a una supuesta "conducta individual" de Gauna. El escrito plantea que, si el comisario inspector estaba armado y actuaba de civil durante un operativo frente al Congreso, debe investigarse quién autorizó esa modalidad.
"Esta circunstancia no puede ser analizada exclusivamente como una actuación individual del funcionario. Si un Comisario Inspector de la Policía Federal Argentina se encontraba armado, vestido de civil y efectuando disparos en el marco de un operativo de seguridad desplegado frente al Congreso, corresponde determinar si dicha modalidad formaba parte del dispositivo previamente planificado y autorizado por los niveles superiores de la fuerza y por las autoridades políticas responsables de su conducción, o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas", sostuvo Dalbón.
La denuncia pone a Monteoliva entre las cuerdas pues ahora también quedó bajo investigación penal por su eventual responsabilidad en la planificación y conducción del operativo.
La discusión ya no es únicamente si Gauna tenía o no una placa colgada. El punto central es otro: por qué un comisario inspector pudo ingresar armado y vestido de civil a una manifestación, apuntar contra la multitud y disparar sin que, hasta ahora, el Gobierno ofrezca una explicación convincente. Alejandra Monteoliva habló para defenderlo, pero terminó dejando más preguntas que respuestas y una contundente denuncia penal sobre su escritorio.