El Senado de la Nación atraviesa una de las sesiones más tensas del año mientras el oficialismo libertario intenta aprobar dos proyectos centrales para su agenda: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Convocada a extraordinarias por el presidente Javier Milei, la jornada expone no solo el contenido de un programa económico fuertemente cuestionado, sino también el modo en que el Gobierno busca imponerlo, aun a costa de profundizar el conflicto político y deteriorar el funcionamiento institucional.
Con quórum alcanzado gracias a La Libertad Avanza y sus aliados de la UCR, el PRO y bloques provinciales, la sesión comenzó pasadas las 12.20 y rápidamente quedó claro que no habría consensos. El oficialismo logró imponer que el Presupuesto se debata por capítulos y no artículo por artículo, como reclamaba el peronismo, una decisión que la oposición leyó como una maniobra para acelerar el trámite y diluir la discusión de los puntos más sensibles. El senador Ezequiel Atauche fue designado miembro informante por parte del bloque libertario.
El corazón del conflicto está en el contenido del proyecto. El artículo 30 del Presupuesto elimina los pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa, lo que desató reclamos de gobernadores y legisladores de distintas provincias. A eso se suma el artículo 12, que impone nuevas exigencias a las universidades nacionales, obligándolas a presentar información detallada sobre el uso de fondos bajo amenaza de interrupción de transferencias. En paralelo, el Gobierno proyecta para 2026 un crecimiento del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 en diciembre, números que para la oposición están completamente desanclados de la realidad.
El clima político se enrareció desde el inicio con una catarata de cuestiones de privilegio. Carlos Linares cuestionó al presidente de YPF, Horacio Marín, por el retiro de la empresa de la cuenca San Jorge y Santa Cruz. Martín Soria apuntó contra Patricia Bullrich por la situación de la ahora renunciada Villaverde. Pero el momento más tenso llegó con la intervención de la senadora fueguina Cándida Cristina López, quien denunció censura, autoritarismo y represalias directas por parte de la vicepresidenta y presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel.
Con el micrófono sin funcionar, López lanzó una frase que resonó en todo el recinto: "Pensé que me iban a censurar como cuando vino el exministro Franco, porque evidentemente esta no es una casa democrática". Y agregó: "Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo. Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos".
La senadora fue más allá y denunció haber sufrido "agresiones físicas y tocamientos impúdicos" durante un operativo en su despacho, luego de que personal de seguridad le impidiera el acceso a su oficina en el marco de un decreto impulsado por Villarruel sobre la reasignación de espacios. Relató que encontró la puerta bloqueada con sillones, una faja de clausura y la placa con su nombre removida. El cruce escaló cuando Villarruel le pidió que no leyera su intervención y "redondeara", mientras que desde el PRO, Victoria Huala la acusó de aplicar una "doble vara". La respuesta de López fue directa y sin filtros: "¡Callate, mamarracho!".
En el plano político y económico, las críticas más duras llegaron de boca del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, quien rechazó de plano tanto el Presupuesto como la Ley de Inocencia Fiscal. "Al Gobierno le importa tres pitos el país, la soberanía, la entrega de sus riquezas naturales. Si hace falta que entregan al mar, lo que sea. Y este Presupuesto representa eso. El artículo 55 es el más letal que tenemos", sentenció.
Mayans también cuestionó el tratamiento exprés del proyecto y la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo: "Hace dos años no tenemos Presupuesto, vienen con un pedido de tratamiento exprés, no aparece el ministro de Economía, parece que tiene terror a venir a explicar el presupuesto". Según el senador, los artículos 55 y 56 habilitan "endeudamiento sin límite para el país y sin pasar por el Congreso", lo que calificó como "la suma del poder público" y una violación directa al espíritu del artículo 29 de la Constitución.
"El déficit que muestran es mentiroso", advirtió, al señalar que los intereses de la deuda quedan fuera del cálculo y que el supuesto superávit del 0,3% es ficticio. Para el peronismo, el proyecto desfinancia a las provincias, al sistema previsional, a la educación y a la salud, mientras multiplica el peso de la deuda y habilita movimientos financieros sin control parlamentario. "Esto nos lleva directamente a un sobreendeudamiento brutal, sin control", alertó Mayans, apuntando también contra la Ley de Inocencia Fiscal, a la que definió como "un perdón para los que tienen mucha plata".