El Gobierno llega al cierre del año legislativo con una apuesta de alto riesgo político y social. El Senado se apresta a debatir este viernes el Presupuesto 2026 y la llamada Ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos que el oficialismo libertario presenta como prueba de gobernabilidad, pero que esconden un profundo ajuste sobre áreas sensibles y una lógica pensada más para tranquilizar a los mercados y al Fondo Monetario Internacional que para responder a las urgencias cotidianas de la población. La sesión, convocada para las 12 en el marco de las extraordinarias impulsadas por Javier Milei, se desarrolla con márgenes estrechos y negociaciones contrarreloj.
El oficialismo necesita mostrar orden y disciplina política luego de dos años gobernando con presupuestos reconducidos, una anomalía institucional que ahora intenta corregir no por convicción republicana, sino por necesidad financiera: en enero vencen compromisos de deuda y la Casa Rosada busca llegar a la mesa de negociación con un presupuesto aprobado bajo el brazo. Sin embargo, el texto que se discute vuelve a encender alarmas. El artículo 30 elimina los pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa, desarmando garantías que habían sido conquistadas por ley y que funcionaban como resguardos frente al ajuste.
En paralelo, el artículo 12 habilita al Poder Ejecutivo a congelar transferencias a universidades nacionales si considera insuficiente la información que presentan sobre el uso de fondos. Bajo el discurso de la "transparencia", se instala un mecanismo de presión directa sobre el sistema universitario público, que ya viene golpeado por recortes, salarios depreciados y conflictos permanentes. Desde el oficialismo intentan relativizar el impacto de estas medidas. Reconocen, incluso, que muchas de esas metas de financiamiento nunca se cumplieron, pero lejos de corregir esa deuda histórica, optan por borrar los compromisos legales y avanzar con una mayor discrecionalidad.
El ajuste deja de ser una consecuencia no deseada para transformarse en política explícita. La flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, enfrenta su primer gran desafío legislativo tras dejar el Ministerio de Seguridad. "Lo que hacemos es trabajar siempre en busca de apoyos, porque es una herramienta muy importante para el país, y es importante tener estabilidad", afirmó al ingresar al Congreso, y agregó, confiada: "Tenemos confianza". Detrás de ese optimismo, sin embargo, se esconde una aritmética frágil y un oficialismo obligado a tender puentes con sectores de la UCR y bloques peronistas dispuestos a negociar.
Las conversaciones con senadores radicales como Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger revelan hasta qué punto el Gobierno depende de una oposición dialoguista para evitar que el proyecto vuelva a Diputados. "Estamos conversando, creemos que vamos a llegar a buen puerto", admiten en voz baja desde el oficialismo. Con el peronismo que conduce José Mayans, en cambio, la relación está rota: "No hablamos más del peronismo. Se oponen a todo por oponer", deslizan en Balcarce 50, reduciendo cualquier objeción a una maniobra política.
En ese clima también se cuela la Ley de Inocencia Fiscal, rebautizada popularmente como la de los "dólares bajo el colchón". El proyecto relaja el concepto de evasión y facilita el blanqueo de capitales no declarados, enviando una señal clara: mientras se endurecen las condiciones para universidades, provincias y políticas sociales, se flexibilizan las reglas para grandes patrimonios y fondos ocultos fuera del sistema financiero. El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre del próximo año, cifras que muchos economistas consideran poco realistas.
Aun así, el Gobierno se aferra a esos números para sostener un relato de estabilidad futura, mientras consolida un esquema de superávit primario del 1,2% del PBI a costa de recortes que ya se sienten en educación, ciencia y políticas públicas básicas.