En un movimiento que parece calcado del manual de Donald Trump, Javier Milei aprovechó las sombras de la madrugada del miércoles para lanzar un nuevo zarpazo contra los migrantes. Bajo la excusa de una supuesta "campaña antiargentina", el Gobierno publicó el DNU 681/2026, una herramienta de control ideológico que permite prohibir el ingreso o directamente expulsar del país a cualquier extranjero que se atreva a criticar o "ultrajar los valores nacionales". La medida, cocinada entre gallos y medianoche, pone al Estado libertario -una vez más- en el rol de juez y verdugo de la opinión ajena en redes sociales.
La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) fue la encargada de blindar este nuevo atropello con un comunicado que no deja lugar a dudas sobre su espíritu autoritario. Según el texto oficial, el presidente Javier Milei firmó este decreto que incorpora nuevas causales de expulsión para todo aquel que no se cuadre ante la bandera.
"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", reza el comunicado.
La justificación del Ejecutivo es tan ambigua como peligrosa. Ante lo que consideran una ola de hostilidad —basada principalmente en cruces de redes sociales durante el último Mundial—, el Gobierno reafirmó su postura: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país". Con esto, Milei intenta responsabilizar, sin prueba alguna, a los gobiernos de Brasil, México y hasta al Partido Demócrata de Estados Unidos de orquestar ataques contra el "ser nacional".
El DNU 681 no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de decretos que buscan convertir a la Argentina en un territorio hostil para quienes no nacieron en él. De hecho, antes de esta nueva embestida, Milei intentó imponer el DNU 366/2025, una norma que complicaba el acceso a la ciudadanía, imponía aranceles para salud y educación a extranjeros y le quitaba al Poder Judicial el control sobre las naturalizaciones. Sin embargo, la Cámara Electoral le puso un freno al declararlo inconstitucional y nulo.
Los camaristas Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía fueron lapidarios: sostuvieron que el decreto era nulo porque legislaba sobre materia electoral —algo prohibido para los DNU— al alterar las leyes de Migraciones y Ciudadanía sin fundamentar una verdadera urgencia. Según los jueces, el otorgamiento de la ciudadanía es una "condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos" que el Gobierno intentó pisotear. Actualmente, el Ministerio de Seguridad y la Procuración del Tesoro buscan que la Corte Suprema revoque este fallo para reactivar el ajuste contra los extranjeros.
Como si fuera poco, hace un mes el mandatario lanzó el Programa de Seguridad Migratoria, una versión argenta del ICE yankee. Este programa faculta a todas las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA) para realizar tareas de inteligencia, persecución y detención de inmigrantes bajo la creación de "Unidades de Seguridad Migratoria".
Estas unidades actúan como una policía auxiliar de la Dirección Nacional de Migraciones con el mandato de realizar "detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios". El plan es claro: militarizar el control migratorio en pasos fronterizos y en cualquier punto del país para detectar "en forma más efectiva ilícitos migratorios", convirtiendo cada control de rutina en una potencial deportación.
Con el nuevo DNU 681, la persecución ya no es solo por "papeles", sino por palabras. Argentina de Javier Milei entra en una era donde la libertad de expresión parece ser un privilegio exclusivo de quienes tienen el DNI correcto.