Ausencias funcionales
26 Diciembre de 2025 09:19
Este viernes, el Senado se convierte en el último campo de batalla para que el oficialismo logre sancionar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos que condensan el ADN del gobierno de Javier Milei: ajuste estructural en áreas sensibles y beneficios explícitos para grandes patrimonios bajo la promesa de "blanquear" la economía. La Libertad Avanza llega con los votos para aprobar en general, pero enfrenta una resistencia creciente en artículos clave que podrían forzar la vuelta del texto a Diputados y reabrir un frente político que el Ejecutivo quiere clausurar antes de fin de año.
La bancada que conduce Patricia Bullrich asegura más de 45 voluntades para la votación en general, apoyada en radicales, el PRO y bloques provinciales. Sin embargo, el artículo 30 del Presupuesto amenaza con convertirse en el símbolo del conflicto: elimina los pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología, educación técnica y el Fondef. En los hechos, deroga la obligación de destinar el 6% del PBI al sistema educativo y el sendero hacia el 1% del PBI para ciencia y tecnología, además de otros fondos específicos. La medida encendió alarmas incluso entre aliados "dialoguistas" que acompañan el rumbo económico, pero se resisten a convalidar un recorte de semejante profundidad.
La objeción no es marginal. Senadores de la UCR como Maximiliano Abad y Flavio Fama anticiparon su rechazo, y cuatro de los cinco integrantes de Convicción Federal -que votarían el Presupuesto en general-- no acompañarían ese artículo. El oficialismo sabe que allí se juega algo más que un número: si el artículo cae, el proyecto vuelve a Diputados y el Gobierno se expone a una nueva derrota política, con el clima enrarecido tras la pelea con el PRO por la AGN. La estrategia libertaria apela entonces a una herramienta conocida: la aritmética de las ausencias.
Como la aprobación depende de la mitad más uno de los presentes, cada banca vacía puede funcionar como un voto encubierto. Gobernadores peronistas "dialoguistas" y bloques provinciales son clave en ese ajedrez silencioso, mientras crece la presión por otra deuda incómoda: la que Nación mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. La cordobesa Alejandra Vigo lo resumió con números demoledores: a Córdoba le adeudan unos $690.000 millones, mientras que el Presupuesto destina apenas $122.762 millones para las 13 provincias en esa situación.
Como si el artículo 30 no bastara, el Presupuesto suma otro foco de conflicto en el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante el Ministerio de Capital Humano. La cláusula habilita a interrumpir transferencias si un funcionario considera que la información no fue enviada "en tiempo y forma", una herramienta que, en la práctica, pone en jaque la autonomía universitaria y refuerza el control político sobre el sistema educativo.
En paralelo, el Senado debatirá la ley de Inocencia Fiscal, presentada como un incentivo para que los ahorristas "saquen los dólares del colchón", pero cuestionada por el relajamiento de los controles tributarios. El proyecto crea un régimen simplificado de Ganancias con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones, exime de informar variaciones patrimoniales y eleva de manera drástica los umbrales para que una conducta sea considerada evasión: la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, y la agravada exige superar los $1.000 millones.
Además, reduce los plazos de prescripción y ofrece efectos liberatorios a quienes regularicen su situación, una sola vez, pagando intereses o un adicional. Las críticas se multiplicaron cuando se conoció que la iniciativa también eleva de forma exponencial las multas por incumplimientos formales, sin distinguir entre pymes y grandes empresas. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, salió a descomprimir el conflicto con un anuncio de última hora: prometió que la reglamentación incluirá avisos previos antes de aplicar sanciones. Una corrección política que no modifica el fondo del proyecto, pero busca evitar que se caiga por el rechazo de aliados.
El cuadro se completa con un Presupuesto que proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre de 2026, supuestos que incluso dentro del Congreso son leídos con escepticismo. Mientras el Gobierno apuesta a mostrar orden fiscal y previsibilidad, la oposición advierte que el ajuste se descarga sobre educación, ciencia y universidades, al tiempo que se flexibiliza el control sobre grandes fortunas. La sesión este viernes no será solo una votación. Será una prueba de fuerza política. Para Milei, la posibilidad de exhibir el primer Presupuesto aprobado de su gestión y blindar su programa económico. Para la oposición y los aliados incómodos, la chance de marcar límites y dejar constancia de que el "déficit cero" no puede sostenerse a costa de desfinanciar el futuro y perdonar a los de arriba.
