El golpe recibido en el Senado obligó al Gobierno de Javier Milei a volver a encerrarse en la Casa Rosada para revisar una estrategia parlamentaria que, pese al discurso de fortaleza política, viene acumulando obstáculos. Durante casi tres horas, la denominada mesa política del oficialismo volvió a reunirse este martes con una presencia que no suele formar parte de ese núcleo: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La reunión tuvo un objetivo concreto: ordenar una agenda legislativa que se multiplicó en proyectos, pero que todavía encuentra dificultades para transformarse en leyes. Según informó el propio Gobierno, Sturzenegger presentó el cronograma de iniciativas que prepara su equipo y defendió el rumbo desregulador. El primer proyecto que el oficialismo buscará impulsar será el referido al mercado de capitales.
En medio de las resistencias que generan varias de sus propuestas -y de quienes dentro del propio oficialismo le atribuyen parte de los tropiezos legislativos a iniciativas difíciles de negociar con la oposición y los aliados-, Casa Rosada volvió a remarcar que las reformas de desregulación "constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país". El problema es que entre la épica libertaria y la realidad parlamentaria existe una distancia que el Gobierno todavía no consigue cerrar. Durante el encuentro también se repasaron los proyectos que ya fueron enviados al Congreso.
A su vez, se intentó ordenar el calendario para definir cuáles serán las prioridades. La lista incluye la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado; la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las obsesiones de Milei; y la reforma política, que contempla la eliminación de las PASO. También aparecen la denominada Inocencia Fiscal II, la discusión sobre Zonas Frías y un paquete económico destinado a acompañar las modificaciones que el oficialismo pretende realizar en el Banco Central.
El desafío para el Gobierno no es menor: necesita conseguir acuerdos en un Congreso donde ya comprobó que el número de bancas libertarias no alcanza para imponer su agenda por sí solo. Por eso, mientras Milei sostiene públicamente su discurso de confrontación, sus principales operadores políticos tienen que multiplicar las reuniones con gobernadores, bloques aliados y sectores de la oposición para conseguir los votos que faltan.
En ese contexto aparece uno de los proyectos que más necesita el ministro de Economía, Luis Caputo: la nueva versión de Inocencia Fiscal. La iniciativa pretende convencer a los argentinos que mantienen sus dólares fuera del sistema financiero para que los vuelquen a la economía formal. El diagnóstico oficial parte de un dato contundente: según el Banco Central, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos US$170.000 millones.
Caputo necesita que una parte de ese dinero vuelva a circular. La apuesta es que esos fondos puedan transformarse en depósitos, inversiones y consumo, y así darle algo de oxígeno a una economía que todavía enfrenta dificultades para recuperar dinamismo. "Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero", sostuvo Caputo.
Pero la iniciativa tiene un problema político que el Gobierno ahora intenta resolver. El oficialismo trabaja en una modificación que permitiría que las personas políticamente expuestas puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque no puedan acceder al mecanismo destinado a exteriorizar dólares en efectivo no declarados.
La explicación oficial es que los funcionarios deberían mantener una mayor coherencia y trazabilidad en sus declaraciones juradas. "Los funcionarios de cierto rango deben tener coherencia en sus declaraciones juradas. Que puedan adherir a la declaración simplificada para que les sea más facil la vida, pero que no puedan sacar dólares del colchón", planteó una fuente al tanto de los cambios que analiza el Gobierno. La diferencia puede parecer técnica, pero tiene una enorme carga política.
El Gobierno que pretende convencer a los argentinos de que saquen sus dólares del colchón reconoce ahora que quienes ocupan cargos públicos no deberían tener acceso a esa posibilidad. La discusión adquiere todavía más sensibilidad después del caso de Manuel Adorni, exfuncionario de Milei, quien adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales. El oficialismo busca, justamente, evitar que la nueva ley quede expuesta a la crítica de convertirse en una herramienta demasiado cómoda para quienes ejercen funciones públicas.
La senadora Patricia Bullrich había anticipado la modificación antes de la reunión de la mesa política. La dirigente sostuvo que los funcionarios podrían utilizar el régimen simplificado, pero quedarían excluidos del mecanismo para exteriorizar dólares. "Los funcionarios de cierto rango deben tener coherencia en sus declaraciones juradas", fue el argumento que circuló dentro del oficialismo. El cambio podría ser también una herramienta para facilitar la negociación parlamentaria de una iniciativa que hasta ahora no consiguió la adhesión que esperaba la Casa Rosada.
Y allí aparece una de las paradojas del proyecto: el Gobierno quiere generar confianza para que los ciudadanos blanqueen sus ahorros, pero al mismo tiempo necesita establecer límites especiales para quienes administran el Estado. La urgencia económica detrás del proyecto es evidente. Después de varios meses de expectativas, el propio Caputo reconoció que la iniciativa no consiguió el nivel de adhesión esperado. Los depósitos en dólares del sector privado permanecen alrededor de los US$40.000 millones, con movimientos mensuales relativamente pequeños.
La apuesta oficial es que Inocencia Fiscal permita una mayor remonetización y contribuya a reactivar el crédito y la inversión. Pero para lograrlo, primero deberá conseguir algo que últimamente le está costando: votos en el Congreso. El proyecto ingresó por Diputados y las negociaciones quedarán inicialmente bajo la órbita de Martín Menem. Sin embargo, los tiempos ya juegan en contra del Gobierno y resulta difícil que la iniciativa consiga ambas sanciones antes del 27 de agosto, fecha establecida para la presentación de la declaración jurada de Ganancias de personas humanas.
La presencia de Sturzenegger en la mesa política tampoco pasó inadvertida. El ministro quedó en los últimos meses asociado a buena parte de la agenda de desregulación que genera resistencia incluso entre sectores que acompañan al Gobierno. Esta vez tuvo que explicar personalmente el cronograma de proyectos que prepara su cartera, mientras en el oficialismo intentan evitar que las diferencias internas y los tropiezos parlamentarios terminen frenando la agenda libertaria. La reunión reunió a Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt, Santiago Caputo y Fabián Fernández, además de Sturzenegger.
La foto mostró, una vez más, a buena parte del poder libertario intentando cerrar filas. Mientras en Casa Rosada se discuten proyectos, Santilli quedó encargado de avanzar en las conversaciones con los gobernadores. Este miércoles participará de un encuentro en Misiones en el marco del Consejo del Norte Grande y el viernes viajará junto a Caputo a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez. El objetivo será poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.
La estrategia es evidente: mientras el Gobierno necesita votos para aprobar sus reformas, también necesita ofrecer resultados y acuerdos concretos a los mandatarios provinciales. La política de acuerdos, en definitiva, aparece como una necesidad mucho más urgente que la retórica de la motosierra. El Gobierno pretende modificar varios aspectos de la versión de Inocencia Fiscal aprobada en diciembre.
Entre ellos aparecen los límites para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias y el mecanismo para determinar una eventual discrepancia significativa. La nueva versión establecería que la diferencia se configure cuando ARCA detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15%, aunque también se incorporaría un umbral mínimo para evitar exclusiones por diferencias de bajo impacto.
Los grandes contribuyentes podrían adherir al régimen, pero quedarían afuera de la posibilidad de declarar dólares en efectivo. En paralelo, el oficialismo deberá explicar por qué el esquema necesita excepciones para los funcionarios mientras intenta venderlo como una herramienta de confianza y formalización para el resto de los contribuyentes.
La reunión de este martes dejó una conclusión bastante más terrenal que los grandes anuncios económicos: el Gobierno necesita ordenar su propia tropa antes de intentar ordenar el Congreso. Después del revés en el Senado, la Casa Rosada volvió a reunir a sus principales dirigentes, incorporó a Sturzenegger para explicar sus proyectos, puso a Caputo a defender el rumbo económico y dejó a Santilli con la tarea de negociar con los gobernadores.