Paraguay vive su peor tormenta financiera en años. El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino y ordenó la disolución de Ueno Bank, una de las entidades que más creció en el país, y en cuestión de horas la crisis pasó de los bancos a la política. Hubo filas interminables frente a las sucursales, cuentas bloqueadas, protestas en Asunción y, este miércoles, un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.
La magnitud explica el pánico; es que Ueno tenía cerca de 3 millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes: casi la mitad de los paraguayos. Además, concentraba unos 850 millones de dólares en depósitos públicos y era una marca muy visible, que patrocinaba equipos de fútbol y la etapa paraguaya del Mundial de Rally.
La investigación del Banco Central detectó dos problemas graves: el primero, que el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo legal, ni más ni menos que no tenía capital suficiente para respaldar sus operaciones. El segundo, más delicado, fueron créditos otorgados a empresas vinculadas con sus propios accionistas, una práctica que la regulación bancaria busca impedir.
El BCP presentó ante la Justicia una denuncia de 200 páginas. La Fiscalía acusó formalmente a 27 personas vinculadas al banco y ordenó la detención de ocho directivos, entre ellos el presidente de la entidad, Miguel Vázquez, que se entregaron. Además, se ordenó el embargo de sus bienes. Ueno pertenece al Grupo Vázquez.
La plata de los jubilados
El golpe más sensible llega al sistema previsional ya que el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las jubilaciones paraguayas, tenía alrededor de 355 millones de dólares invertidos en Ueno Bank. El banco, además, pagaba las jubilaciones de unas 32.000 personas y, con las cuentas congeladas, la pregunta de cuánto de esa plata se recuperará y cuándo transformó el problema bancario en una angustia social.
La oposición fue más allá y acusa al gobierno de "desvío de fondos previsionales". Es una de las acusaciones centrales del pedido de juicio político, aunque por ahora no hay una resolución judicial que la confirme. Este pedido tiene que ver con que Peña, economista de derecha que asumió en 2023 con mandato hasta 2028, tuvo acciones en el grupo dueño de Ueno Bank hasta 2025, cuando se desvinculó.
El pedido lo presentaron los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, con 35 firmas de legisladores opositores y disidentes del oficialismo. Se basa en el artículo 225 de la Constitución, que habilita el juicio político por "mal desempeño de sus funciones". Le imputan conflicto de intereses, manipulación regulatoria, desvío de fondos previsionales y encubrimiento institucional del Banco Central. También cuestionan su evolución patrimonial. Pidieron una sesión extraordinaria para este jueves.
Por su parte, Santiago Peña intentó llevar calma. Prometió en X que los responsables responderán ante la Justicia "sin excepciones" y promulgó una ley, aprobada a toda velocidad por el Congreso, para que los ahorristas recuperen parte de su dinero a través del fondo de garantía en los próximos cinco días. El primer pago será de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1.675 dólares: "A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés", pidió.