El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó oficialmente su renuncia al cargo en medio de una profunda crisis política e institucional que sacudió al país vecino tras el colapso y la disolución de Ueno bank, una entidad financiera con la que el mandatario había mantenido vínculos empresariales.
La decisión del jefe de Estado se produjo apenas un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el inicio del proceso de resolución de la entidad bancaria debido a graves problemas de solvencia. La medida provocó una fuerte conmoción en el sistema financiero y profundizó los cuestionamientos contra el Gobierno.
Sin embargo, el escenario político terminó de complicarse cuando sectores de la oposición parlamentaria formalizaron la presentación de un libelo acusatorio para impulsar un juicio político contra Peña. Ante la posibilidad de enfrentar un proceso de destitución en el Congreso, el mandatario optó por presentar su dimisión y poner fin anticipadamente a su gestión.
Peña había asumido la presidencia el 15 de agosto de 2023, con un mandato constitucional que debía extenderse hasta 2028. No obstante, su continuidad en el poder quedó seriamente comprometida a partir de las revelaciones sobre su relación con la entidad financiera involucrada en el escándalo.
Uno de los puntos más controvertidos fue que el propio mandatario había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025, una vinculación empresarial que alimentó las sospechas y los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses.
El derrumbe de Ueno bank, sumado a la intervención del Banco Central y al congelamiento de fondos públicos y privados, generó un clima de creciente tensión social. Las protestas y la presión de distintos sectores políticos terminaron por debilitar la posición del presidente, cuya salida anticipada abrió un nuevo escenario de incertidumbre institucional en Paraguay.