En el Juzgado Federal de La Plata, el juez Ernesto Kreplak y su equipo trabajan sin descanso. Sobre sus escritorios se apilan historias clínicas llegadas desde más de 200 hospitales del país, cada una relatando la misma tragedia: pacientes que recibieron dosis del lote 31.202 de fentanilo, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A., proveedor exclusivo de HLB Pharma Group S.A., y que terminó matando. El último conteo oficial elevó las muertes de 76 a 96.
El nuevo registro de víctimas fatales incluye tres en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa, una en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete en el Instituto de Diagnóstico de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca. Estos últimos casos, todavía bajo verificación, podrían confirmar un número definitivo de 87 muertos... por ahora. La investigación comenzó tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, donde un brote de neumonía provocada por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii mató a 15 de los 18 pacientes infectados. Desde entonces, la cifra de casos no paró de subir con el correr de los meses.
Kreplak habilitó la feria judicial para acelerar un peritaje decisivo: confirmar que las bacterias halladas en las ampollas de HLB Pharma coinciden, genética y fenotípicamente, con las encontradas en los hemocultivos de los pacientes muertos. La tarea es lenta y la información llega con cuentagotas. No es casual: algunos centros médicos, como la Clínica Vélez Sarsfield, ocultaron sistemáticamente las historias clínicas solicitadas. Allí se habían administrado más de 1.700 dosis de fentanilo contaminado, pero apenas se reportaron cuatro casos. Entre ellos, Giovanni, un bebé de tres meses que nació el 26 de abril en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba y sigue en estado grave.
El magistrado sospecha de una "cifra negra" de muertos nunca informados y tampoco descarta que parte del fentanilo haya sido desviado al mercado ilegal. Mientras tanto, 24 personas vinculadas a la fabricación y venta del medicamento adulterado tienen prohibida la salida del país e inhibidos sus bienes. Pero detrás de este desastre sanitario no solo hay empresas y laboratorios. Hay funcionarios. La cadena de responsabilidades involucra directamente a tres ministerios y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), todos bajo la órbita del gobierno de Javier Milei.
La política de desregulación de Federico Sturzenegger, aplicada a la ANMAT por su directora, Nélida Agustina Bisio, redujo controles y permitió que Laboratorios Ramallo siguiera operando a pesar de que una inspección en diciembre de 2024 ya había detectado "riesgo sanitario grave". La planta recién fue clausurada en febrero de 2025, dos meses después de elaborar el lote mortal. De hecho, en junio de este año Sturzenegger dispuso la eliminación, simplificación y reagrupamiento de más de 300 trámites administrativos para los sectores de medicamentos, alimentos y productos médicos, reduciendo los controles en la ANMAT.
Sin ir más lejos, las empresas que se dedican a la fabricación de productos farmacológicos, alimentos, o productos médicos deben -desde la aplicación de la "motosierra" del gobierno libertario- cumplir con menos requisitos administrativos. Nélida Agustina Bisio, designada por el propio presidente al frente del organismo, ejecutó esa agenda: dejó de inspeccionar con la frecuencia necesaria y desoyó las alertas técnicas. El ex ministro de Salud Mario Russo -ministro de Salud hasta septiembre de 2024- tuvo en sus manos la posibilidad de frenar la tragedia. No lo hizo. Estaba en el cargo cuando se elaboraron las ampollas contaminadas y no las retiró del sistema sanitario.
Datos judiciales revelan que se administraron más de 33.000 dosis, y que en mayo de 2025 aún circulaban 11.405 del lote 31.202. Su sucesor, Mario Lugones, lejos de revertir la situación, la encubrió. De hecho, pese a que la cifra de víctimas ya superó a tragedias como la de Once y, de acuerdo con los investigadores, podría acercarse a la cantidad de fallecidos que dejó como saldo Cromañón, el actual ministro de Salud evitó por ahora pronunciarse al respecto.
Curiosamente, horas antes de que el saldo de víctimas se elevara oficialmente de 76 a 96, Lugones acudió a su cuenta de X para informar: "Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud. Cada jurisdicción tiene una realidad propia con enfermedades prevalentes y necesidades específicas".
Además, destacó que en "el COFESA les comuniqué a los Ministros provinciales que a partir de 2026, cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso a las residencias médicas, con evaluaciones y criterios definidos localmente". "Cada provincia tiene que saber y decidir qué profesionales necesita formar. Esto permitirá procesos más transparentes y adaptados a cada sistema de salud, respondiendo a sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias", advirtió.
En la jornada del martes se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país. Se tratan de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado. A pesar de esto, la periodista Camila Dolabjian reveló que ex empleados del laboratorio denunciaron la producción de "lotes mellizos" y destrucciones de ampollas "sospechosas", advirtiendo que cuando una línea se contamina "usualmente está todo contaminado".