El canal de streaming Carnaval, nacido el 2 de junio con la misión de revelar verdades incómodas, enfrenta una ofensiva directa del poder político. Desde su creación, este medio se convirtió en una incómoda piedra en el zapato para el oficialismo de las fuerzas del cielo de Javier Milei, particularmente tras la difusión de audios que expusieron un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ahora, amenazas y maniobras judiciales buscan cerrar sus puertas y callar las voces que lo integran.
El pasado jueves, un allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas marcó un nuevo capítulo en esta persecución: la medida incluyó una revisión exhaustiva del edificio del canal, cocheras, estacionamientos privados y correspondencia, bajo el pretexto de investigar posibles vínculos entre Carnaval y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Sin embargo, la acción judicial parece más una represalia política que una búsqueda genuina de pruebas; es que el procedimiento se basó en notas periodísticas del Grupo Clarín y estaría vinculado a negociaciones para ascender al magistrado en la Cámara de Casación.
Mauro Federico, conductor del programa Data Clave en Carnaval, denunció las claras intenciones detrás de estas acciones: "Le jodió que investigáramos a fondo los temas en los que nos metimos. Este canal era el único vehículo que se animaba a poner al aire la investigación basada en los audios de (Diego) Spagnuolo. Contamos con mucho detalle la particularidad de la estafa $LIBRA y cómo conectaba con el presidente y parte del poder político libertario". Además, Federico advirtió que el objetivo es desgastar al dueño del canal, Pablo Jiménez, para que ceda ante la presión y venda el medio.
La persecución no se limita al ámbito judicial. En agosto, Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, una de las implicadas en al causa ANDIS, conocida por llevarse el 3% de las coimas en las maniobras fraudulentas en el sector de discapacidad, solicitó a la Justicia un allanamiento para secuestrar material relacionado con escuchas que podrían comprometerla en la causa ANDIS. Además, impuso una prohibición para publicar información que la involucrara, configurando un claro acto de censura.
Jorge Rial, otro de los conductores de Carnaval, fue contundente al expresar su indignación: "Carnaval está bajo fuego, están amenazando con cerrar un medio de comunicación y no es un medio común y corriente. Hay 70 personas laburando acá, rompiéndose el culo. La vamos a pelear. Quieren levantar uno de los pocos canales donde se pueden discutir ideas. Quieren un rebaño que no piense".