Una nueva denuncia judicial vuelve a sacudir el entorno de Patricia Bullrich y expone un entramado de negocios familiares que despierta serias sospechas. El abogado Gregorio Dalbon informó a través de su cuenta de X que presentó una denuncia penal para que se investigue a la ex ministra de Seguridad y senadora nacional, a su hijo Francisco Langieri Bullrich y al empresario Fernando Goijman por los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita, en torno al crecimiento desproporcional de la cadena gastronómica Tostado. "DENUNCIÉ penalmente a Francisco Langeri Bullrich, Fernando Goijman y a Patricia Bullrich por el entramado de Tostado: evasión, lavado y asociación ilícita. Mientras ella hace show denunciando a la AFA, yo fui a la Justicia con una denuncia concreta, pidiendo orden de presentación y allanamiento en Beruti ......y medidas ante UIF/IGJ/ARCA. Se terminó la impunidad VIP", escribió Dalbon a través de su cuenta de X.
En su mensaje, el letrado apuntó directamente al doble estándar que, según sostiene, rodea a figuras del poder ligadas al oficialismo. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo. En el escrito judicial, Dalbon solicitó que se libre "orden de presentación con allanamiento en subsidio" y detalló que la denuncia se apoya en investigaciones periodísticas que vinculan a Langieri Bullrich con una red de más de 70 locales gastronómicos operados bajo distintas razones sociales, entre ellas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A.
En la presentación formal ante la Justicia, el abogado dejó constancia del objeto de la denuncia: "Vengo a impetrar formal denuncia penal contra Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman, socios de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A; y Patricia Bullrich, Senadora de la Nación por los delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita". Y agregó que los hechos "han trascendido públicamente a partir de la profunda investigación periodística" difundida por el programa TLN Denuncia, conducido por Tomás Méndez.
El trasfondo del caso expone un crecimiento económico difícil de explicar. Francisco Langieri Bullrich, sin antecedentes empresariales relevantes, pasó en pocos años de ocupar un cargo técnico durante el gobierno de Mauricio Macri a encabezar un conglomerado que, según datos del sector, factura más de 63 millones de dólares anuales. Un "milagro económico exprés" que contrasta con otro dato llamativo: la existencia de cheques rechazados sin fondos por montos que oscilan entre los 12.318 y los 631.343 pesos, cifras insignificantes para una estructura que opera en shoppings premium, aeropuertos y zonas de alquiler dolarizado.
Las irregularidades no terminan ahí. Parte de las sociedades vinculadas a Tostado comparten domicilios, repiten socios y se constituyeron en lapsos muy cortos. Incluso, según surge de las investigaciones periodísticas incorporadas a la denuncia, una de las empresas tendría domicilio en la vivienda de la propia ministra Bullrich, ubicada en Beruti 3822, un dato que refuerza las sospechas sobre la falta de separación entre lo público y lo privado.
A esto se suma un antecedente inquietante: una denuncia penal previa, presentada tras un informe televisivo de 2023, que nunca avanzó. No hubo citaciones, peritajes ni movimientos visibles en el expediente. La causa quedó virtualmente congelada, mientras el holding continuó expandiéndose. "La Justicia argentina, que en otros casos actuó con velocidad quirúrgica, parece esta vez mirar hacia otro lado", señalan quienes siguen el caso.
La estructura societaria repetida, el origen inexplicable del capital, los cheques impagos, el crecimiento abrupto y los vínculos familiares con una de las funcionarias más poderosas del país configuran un cuadro que excede largamente una discusión comercial. La denuncia de Dalbon reabre preguntas incómodas sobre privilegios, blindajes judiciales y la persistencia de una "impunidad VIP" que, una vez más, parece reservarse para quienes orbitan cerca del poder político.